Valladolid.- AMPAS y educadores de Castilla y León ha reunido 41.837 firmas, que han registrado hoy en las Cortes regionales, para evitar que la educación infantil pase a ser competencia de los Ayuntamientos, con una gestión privada que repercutiría en la calidad y coste de los centros.
Representantes de las AMPAS y educadores de Castilla y León han registrado hoy en el Parlamento regional las 41.837 firmas recogidas para evitar que la educación infantil pase a ser competencia de los Ayuntamientos, con una gestión privada que repercutiría en la calidad y coste de los centros.
Así lo ha explicado hoy a los periodistas la portavoz de las AMPAS de la Comunidad, María Adela López Martínez, que ha contado con el respaldo del secretario autonómico del PSOE, Óscar López, en su objetivo de que la educación infantil sea competencia de la Consejería de Educación -ahora está en la de Familia-, con un modelo "público y de calidad".
María Adela López, del AMPA de Ponferrada (León), ha opinado que el traspaso de esta etapa educativa a los ayuntamientos conduciría en un 90 por ciento de los casos a una gestión privada, con mayores costes y un "éxodo masivo de profesores", que tendría como efecto "que los alumnos no llegan a centrarse".
El líder regional del PSOE ha calificado de "causa justa" la emprendida por los padres y madres de alumnos de la Comunidad en defensa de un modelo integral educativo, que incluya esta etapa de cero a tres años como un tramo educativo más, ya que actualmente se asemeja más a guarderías "aparca-niños".
La portavoz parlamentaria del PSOE, Ana Redondo, ha observado la oportunidad de la iniciativa ya que el 11 y 12 de junio se votará en las Cortes Regionales la Ley de Transferencias de determinadas competencias a los entes locales, entre ellas la de los centros infantiles.
Esta transferencia de la gestión de los centros de educación infantil a los Ayuntamientos se enmarca dentro del Pacto Local y se recoge en el citado proyecto de Ley de transferencias, por lo que a juicio de Redondo "hay tiempo" para "parar" el traspaso y que el PP, grupo mayoritario en las Cortes regionales, "se siente a hablar y rectifique.
La portavoz de las AMPAS ha explicado que aunque las firmas no se presentan bajo la modalidad de Iniciativa Legislativa Popular, que requeriría articular un texto, "no deja de ser una iniciativa popular, la mayor no sólo en Castilla y León sino en el resto de España" y ha confiado en que obligue al PP a recapacitar.
La Junta de Castilla y León está dispuesta a transferir a las Diputaciones y grandes municipios de la Comunidad la gestión de hasta 203 centros públicos y 670 empleos que ahora dependen de la Administración autonómica merced a la citada Ley de Transferencias, traspasos que supondrán globalmente un desembolso de un mínimo de 30 millones de euros.
En concreto la Junta ofrecerá el traspaso de 30 escuelas infantiles de primer ciclo (0 a 3 años), 50 centros de día para personas mayores, once campamentos juveniles, siete centros de juventud, un comedor social, dos instalaciones deportivas y 102 instalaciones recreativas.
La mayor parte de los empleados afectados por esta transferencia corresponden a las escuelas infantiles (400) y los centros de día de personas mayores (247).
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