Vitoria.- El Consejo de Diputados de Álava ha dado hoy luz verde al proyecto de norma foral para adelantar las indemnizaciones que el Estado debe formalizar para las víctimas de los sucesos ocurridos el 3 de marzo de 1976 en Vitoria.
Ese día murieron cinco obreros y más de cien personas resultaron heridas tras una actuación policial contra huelguistas reunidos en una iglesia de la capital alavesa.
La Diputación entregó el pasado sábado la medalla de Álava a la Asociación de Víctimas del 3 de marzo y hoy ha aprobado el proyecto de esta norma que tiene que ser debatido y votado en las Juntas Generales alavesas.
Aunque la Ley de Memoria Histórica ampara a estas víctimas, el Gobierno español aún no ha dado los pasos necesarios para hacer efectivas las indemnizaciones, por lo que la Diputación ha decidido anticipar el pago de las mismas.
Además, según la institución foral, el Gobierno estatal tampoco ha delimitado el alcance, condición y procedimiento para la concesión de indemnizaciones extraordinarias en favor de quienes hubiesen sufrido lesiones incapacitantes.
El teniente de diputado general, Claudio Rodríguez, ha explicado en rueda de prensa que, en caso de salir adelante la norma, la Diputación habilitará un crédito extraordinario para la financiación de las prestaciones.
Las personas beneficiarias podrán solicitar, en el plazo de tres meses contados a partir de la entrada en vigor del Decreto Foral, la concesión de las indemnizaciones que pudieran corresponderles y el plazo máximo para resolver y notificar la resolución de las solicitudes será de un año.
Las indemnizaciones anticipadas que concederá la Diputación lo serán a cuenta de las establecidas por la Administración del Estado al amparo de la Ley de Memoria Histórica.
No obstante, Rodríguez ha precisado en el caso de que el Estado no reconociera ayudas por las mismas contingencias o lo hiciera por cuantías diferentes a las establecidas en la norma foral, la Diputación asumirá las cuantías diferenciales con cargo a los presupuestos del Territorio.
Los beneficiarios de los fallecidos como consecuencia de los sucesos del 3 de marzo de 1976 tendrán derecho a una indemnización anticipada de 138.232,78 euros.
Para los que resultaron incapacitados como consecuencia de la acción policial hay cuatro supuestos:
Las indemnizaciones por gran invalidez serán de 390.657,87 euros; Incapacidad permanente absoluta, 96.161,94; Incapacidad permanente total, 48.080,97 euros; e Incapacidad permanente parcial, 36.060,73 euros.
Además, se reconoce el derecho a una indemnización anticipada "por la cuantía que corresponda" a quienes padecieron secuelas irreversibles, no generadoras de una incapacidad permanente.
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