Madrid.- El pleno del Congreso convalidó hoy el Decreto Ley que contiene la subida de los impuestos que gravan el tabaco y los hidrocarburos y las disposiciones extraordinarias de crédito de más de 19.000 millones de euros para afrontar, entre otras cuestiones, el pago de las prestaciones por desempleo.
La Cámara baja dio el visto bueno con los votos a favor del PSOE, ERC, UPyD y UPN, las abstenciones de CiU, IU-ICV y NaBai y los votos en contra del PP, PNV, BNG.
Asimismo, el decreto no será tramitado como proyecto de ley, tal y como pedían PP y ERC.
El pasado 13 de junio, el Consejo de Ministros aprobó el decreto Ley que contemplaba un aumento del tipo impositivo para el tabaco, que pasa de 8,2 a 10,2 euros por 1.000 cigarrillos, y del impuesto mínimo, que sube 21,3 euros hasta los 91,3 euros por 1.000 cigarrillos.
Además, debido al aumento del consumo de picadura de liar como producto sustitutivo de los cigarrillos, el Ejecutivo fijó un impuesto específico de 6 euros por kilo y otro mínimo de 50 euros por kilo.
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, defendió hoy la subida de estos impuestos porque "contribuirán a la sostenibilidad de las finanzas públicas tanto del Estado como de las comunidades".
Señaló que la subida permite a un tiempo incentivar acciones de los agentes económicos beneficiosas para todos -en el caso de los hidrocarburos porque ayuda a reducir las emisiones- y "penalizar" comportamientos que pueden tener efectos "negativos" para el conjunto de la sociedad, en alusión al tabaco.
Este decreto incluye también la concesión de créditos extraordinarios para el Servicio Público de Empleo por 16.898,05 millones de euros para medidas urgentes en materia presupuestaria y fiscal.
Del total de la dotación, la mayor cuantía (16.898,05 millones de euros) son para atender los gastos en prestaciones a los desempleados y compensar la pérdida de ingresos en sus cotizaciones.
Además se habilitó un crédito de 1.800 millones de euros como anticipo a cuenta a las comunidades autónomas para compensar la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio.
El diputado del PP Álvaro Nadal dijo que este decreto supone una segunda parte de los Presupuestos Generales del Estado de 2009 que fueron falseados, en los que no se recogió este crédito extraordinario de casi 20.000 millones de euros, que en su mayor parte serán para el desempleo y para compensar a las comunidades autónomas por la supresión del gravamen del Impuesto de Patrimonio.
En su opinión, el coste sobre el desempleo no se quiso presupuestar en su momento a propósito, porque era evidente que el gasto iba a ser insuficiente y el Gobierno se quedó a la mitad.
El portavoz de Economía de CiU, Josep Sánchez Llibre, advirtió de que su grupo, aún estando de acuerdo en lo que se refiere al tabaco, no puede apoyar una subida de los impuestos sobre los hidrocarburos que "afectará a todas las familias españolas", así como a los profesionales que no pueden acceder al gasóleo profesional.
El diputado de ICV Joan Herrera manifestó su rechazo al "exceso de reales decretos" del Gobierno que achacó en parte a su "debilidad parlamentaria" y dijo que el Estado "por ley" está obligado a garantizar la prestación por desempleo.
Joan Tardá, de ERC, votó favorablemente porque considera que es prioritario desde el punto de vista social garantizar las prestaciones y parar "el golpe" de la crisis que va a poner en jaque los mínimos de subsistencia de muchas familias.
El diputado del PNV Pedro Aspiazu destacó que votará en contra de este decreto ley porque no es correcto articular un crédito a mediados de ejercicio y refleja lo mal que calculó el Gobierno el presupuesto de este año.
Francisco Jorquera, del BNG, subrayó que "no hay nada que objetar" a los créditos extraordinarios, por lo que se centró en los impuestos, reclamó una reforma del sistema fiscal para que sea progresivo y abogó por un sistema de financiación con más garantías en materia tributaria.
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