Bolivia, una guerra política que amenaza con convertirse en guerra civil

La lucha por el poder político mantiene a Bolivia convulsionada desde hace meses. Tanto el Gobierno como la oposición aprovechan cualquier recoveco legal o cualquier dato oficial o no para ganar terreno en su particular contienda. De momento, la oposición, encarnada por el partido Podemos ha dado pasos de gigante logrando que la población diera el sí a los proyectos autonómicos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija, conocidos como 'la media luna'. Éstas últimas son las dos regiones más ricas de Bolivia, con petróleo y gas de por medio. La polémica está servida. Por un lado, no está clara la legalidad de sendas consultas en un estado en cuya Constitución no se contemplan las autonomías. Además estos hitos no dejan de ser meras batallas dentro de la guerra por el poder. Los ganadores se conocerán después del 10 de agosto, después del referéndum revocatorio en el que se consultará al pueblo sobre varios dirigentes regionales y estatales, como el propio presidente Evo Morales.

Martin Alipaz (EFE)

Opositores celebran el triunfo del 'sí' al estatuto de autonomía de Tarija en Bolivia.

"¿Qué ha cambiado y qué puede cambiar en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija?", preguntaban a un senador del partido opositor. La respuesta, así de simple: "nada". No en balde, "los estatutos autonómicos son inaplicables" y "carecen de una base legal en Bolivia", como ha reconocido el prefecto --que es como se denomina a los gobernadores en el país andino,-- de la Paz, José Luis Paredes.

Morales y su Movimiento al Socialismo se oponen a los estatutos de autonomía ya que, según ellos, no contemplan las necesidades de la población indígena, que representa entre el 65 y el 80% de la población. Por otro lado, los partidarios del Gobierno no se olvidan de que, tanto Santa Cruz como Tarija, los dos grandes bastiones de la oposición, son las dos regiones más ricas del país gracias a sus yacimientos de petróleo (en Santa Cruz) y de gas natural (en Tarija) y los estatutos que acaban de votarse establecen que cada departamento procederá al manejo directo de las finanzas locales, lo que incluye la administración de recursos naturales.

Otro de los motivos de rechazo al referéndum por parte de las autoridades oficiales es el nivel de abstención, que no ha quedado muy claro en ninguno de los procesos electorales que han tenido lugar.

El 10 de agosto, fecha clave

Pero la batalla final ya tiene fecha, el 10 de agosto, cuando se celebre el referendo revocatorio. Ese día la población decidirá la continuidad del vicepresidente boliviano, de los nueve prefectos regionales y del propio presidente, Evo Morales, principal promotor de la consulta. En un principio el Senado, controlado por la oposición, se opuso a la iniciativa de Morales y la mantuvo bloqueada durante meses. Los resultados de las últimas semanas han hecho cambiar de opinión a los senadores, esperanzados ante un posible triunfo de la oposición.

Algunos analistas, como el conservador y gran instigador contra el Gobierno a través de internet, Cayetano Llobet, creen que Evo "se ha puesto la soga al cuello". Para los detractores de Morales, el triunfo del sí en las cuatro consultas autonómicas se lo pone muy difícil al presidente boliviano, ya que anticipan una victoria de los políticos opositores.

Martin Alipaz (EFE)

El prefecto de Tarija y su equipo saludan a sus seguidores.

Opiniones como ésta se han repetido durante todo el día de ayer, horas después de la consulta de Tarija, por parte de líderes de opinión que creen que Morales debe sentarse a negociar con la oposición cuanto antes. En su editorial de ayer titulado 'Cuatro derrotas', La Razón de Bolivia, uno de los periódicos más importantes del país, sostiene que con el triunfo del sí en Tarija "queda reafirmado que en Bolivia existe ahora un bloque fuerte de cuatro regiones que, entre sus principales rasgos de identidad, muestra su posicionamiento claramente antigubernamental".

Los editorialistas de La Razón se atreven a sugerir los pasos que debería dar el Ejecutivo. "Lo deseable es que el gobierno del presidente Morales haga una evaluación correcta de los resultados e identifique la necesidad de establecer un diálogo auténtico para sentar las bases del entendimiento nacional que el país está pidiendo a gritos", continúa el texto.

Sin embargo, de ser así, sorprende que sean los propios prefectos contrarios al Gobierno los que, precisamente, se opongan de una manera más radical al revocatorio de agosto. Es el caso de Rubén Costas (Santa Cruz) y Leopoldo Fernández (Pando), que reconocen que podrían desconocer el referéndum, aplicando la ley de sus recién estrenados estatutos de autonomía ya que, en su opinión, la consulta hace peligrar su autoridad y la legitimidad de sus estatutos. También el de Pando, Leopoldo Fernández, ha rechazado la consulta ya que opina que no resolverá la crisis del país.

Evo Morales lo sabe. Ayer mismo aseguró que los cuatro díscolos prefectos piensan renunciar a sus cargos para evitar el referéndum que, para él, es la única vía para legitimar el actual Gobierno en medio del tenso clima político que se respira en Bolivia.

Del mismo modo, uno de los especialistas del Instituto Francés de Estudios Andinos de La Paz, Franck Poupeau, aseguraba en un artículo que la consulta servirá para "redistribuir las cartas" y consolidar la democracia en el país.

Otros presagios son más pesimistas. "Pierden todos", escribía el líder de opinión boliviano Fernando Mayorga, que recoge el sentir de una tercera vía que también existe en Bolivia, que es la de la negociación. Según Mayorga, ninguna de las dos partes ha mostrado voluntad de diálogo y esto podría traducirse en brotes de violencia que, si bien ya se han producido de forma aislada, podrían proliferar en un clima de confrontación tan radical como el que están dejando a su paso los sucesivos procesos electorales que están teniendo lugar en Bolivia.