Los presos de Guantánamo miran a los tribunales federales de EE.UU. en busca de su libertad

Washington.-  Los abogados de unos 200 detenidos en Guantánamo preparan recursos ante las cortes federales de Estados Unidos, tras la decisión a su favor del Tribunal Supremo, mientras que el Gobierno estudia cómo responder al dictamen.

"Los abogados actuarán con diligencia para que se vean sus casos y finalmente se conozcan las historias de sus clientes", dijo a Efe Emy MacLean, que pertenece al equipo de letrados que ganó el caso en el Supremo.

Esos 200 casos estaban paralizados, pendientes del fallo de la máxima corte de EE.UU., que ayer otorgó a los detenidos por sospechas de terrorismo el derecho de pedir una audiencia en la que un juez federal determine si las pruebas contra ellos son insuficientes y deben ser puestos en libertad.

Con ello, el Supremo ha minado la razón de ser de Guantánamo, la base naval que el Gobierno de George W. Bush escogió para encarcelar a sospechosos de terrorismo porque al estar en territorio cubano, podía argumentar que quedaba fuera de la jurisdicción de los tribunales estadounidenses.

Allí, agentes militares y de la CIA han interrogado sin prisas y sin ninguna supervisión a los detenidos.

Pero el Supremo determinó que la Constitución de Estados Unidos sí alcanza a las instalaciones estadounidenses en la bahía cubana.

Por ello, MacLean, quien representa a algunos de los presos, ve en ese dictamen "el principio del fin" de Guantánamo.

Tanto el virtual candidato republicano a la presidencia, John McCain, como su rival demócrata, Barack Obama, están a favor de cerrar el centro de detención, pero no han explicado qué harán con los 270 prisioneros que permanecen allí.

El propio secretario de Defensa, Robert Gates, reiteró hoy en Bruselas su deseo de clausurarlo.

"A pesar de que en muchos aspectos Guantánamo se ha convertido en una prisión puntera y ejemplar, es incuestionable que los informes iniciales de abusos fueron un golpe que ha dejado en mal lugar a EE.UU.", dijo.

La administración, con Bush a la cabeza, ha protestado de forma enérgica contra el dictamen.

En Tokio el secretario de Justicia, Michael Mukasey, enfatizó hoy que el fallo del máximo tribunal "no afecta a los juicios militares (anti-terroristas de Guantánamo), que seguirán adelante".

Aún así, el abogado del yemení Salim Ahmed Hamdan, presunto conductor de Osama bin Laden y encausado en esos tribunales especiales, ya pidió al juez que desestime los cargos con base en la decisión del Supremo.

Los otros 18 presos acusados formalmente en esos tribunales también podrán presentar recursos ante las cortes federales, con el objetivo de detener los procesos en Guantánamo.

John McCain se colocó hoy del lado de la administración al calificar el dictamen como "una de las peores decisiones en la historia de este país", en un mitin en Burlington County College, en Nueva Jersey, donde se ganó el aplauso de la audiencia.

McCain afirmó que los tribunales estadounidenses se verán "inundados" por esos casos y quiso sacar tajada electoral al recalcar que "Obama apoyó enérgicamente ese dictamen".

El demócrata afirmó ayer que el fallo destruye el "agujero negro legal" que Bush ha pretendido establecer en Guantánamo.

Tanto Mukasey hoy como Bush ayer indicaron que su Gobierno estudia si pedirá al Congreso alguna legislación al respecto.

En el pasado, la administración ha logrado mantener Guantánamo pese a decisiones adversas del Supremo al obtener nuevas leyes.

Sin embargo, la legislatura está ahora en manos de los demócratas, cuyos líderes han alabado el fallo judicial, como también ha hecho Arlen Specter, el republicano de mayor rango del Comité Judicial del Senado.

Mientras, el juzgado federal del Distrito de Columbia, donde está localizado Washington, se prepara para el aluvión de recursos.

El Supremo no especificó cómo se debe tratar la información secreta en esas audiencias o si un detenido cuyo encarcelamiento sea considerado injustificado deberá ser puesto en libertad en Estados Unidos.

El juez jefe del tribunal, Royce Lamberth, ha dicho que sostendrá una reunión en los próximos días con los abogados de ambas partes y los magistrados para determinar cómo proceder.

Según los expertos, es posible que la administración repatríe a un gran número de detenidos ante la debilidad de sus pruebas contra ellos, las cuales nunca han sido verificadas por un tribunal normal.