La subdelegación levanta las actas de expropiación para construir la cárcel

Soria.-  Los propietarios de los terrenos en los que se proyecta instalar la nueva cárcel de Soria han acudido hoy, desde primera hora de la mañana, a la Subdelegación del Gobierno para el levantamiento de actas previo a la ocupación de sus parcelas por expropiación forzosa.

ampliar foto

(EFE)

Los propietarios de los terrenos en los que se proyecta instalar la nueva cárcel de Soria han acudido hoy, desde primera hora de la mañana, a la Subdelegación del Gobierno para el levantamiento de actas previo a la ocupación de sus parcelas por expropiación forzosa.

El subdelegado de gobierno en Soria, Germán Andrés, ha explicado a EFE que han acudido los propietarios de las 34 parcelas del total de 44 que se verán afectadas.

Según Andrés, todos han presentado "buena disposición a informarse sobre la justificación del gobierno central para ocupar sus propiedades".

El subdelegado ha comentado que "en treinta días se volverán a citar para firmar la expropiación y los propietarios que no han acudido tendrán que acatar la decisión del gobierno".

En esta jornada, la asociación vecinal "Virgen de la Mercedes" del barrio de Las casas, muy próximo al paraje de La Laguna en el que se quiere ubicar el nuevo centro penitenciario, han presentado una carta en el ayuntamiento de Soria para instar al alcalde, Carlos Martínez, a que paralice el proyecto para buscar una mejor situación.

Consideran que la zona elegida afectaría "gravemente" al monte Valonsadero, emblemático para los sorianos.

Su portavoz, Carlos Gonzalo, que también es propietario de algunos de los terrenos del paraje, ha explicado que el alcalde "no debería dar la licencia de construcción por que el proyecto no ha pasado ni un estudio de impacto ambiental ni de viabilidad".

Además ha exigido que se cumpla el acuerdo de pleno por el que la mayoría de los concejales del ayuntamiento se opusieron a esa ubicación.

En este sentido ha comentado que se están vulnerando los derechos de los propietarios con informaciones "oscuras porque ni siquiera conocen lo que se les va a expropiar".

"En un principio se nos habló de 19 hectáreas, pero en realidad eran 23", ha comentado Gonzalo.

Otro de los inconvenientes que presentan a la expropiación es el precio de tres euros y medio por metro cuadrado que se les dará por sus terrenos, ya que a juicio de Gonzalo "debería ser por lo menos de ocho euros con ochenta céntimos según una tasación que realizaron los propietarios."

Gonzalo ha considerado que desde la subdelegación de gobierno se está intentando "intoxicar" a los propietarios para que accedan a vender sus terrenos argumentando "que el precio disminuirá si no acceden a la venta de los terrenos y se tiene que recurrir al justiprecio".

La paralización de este proyecto también la han pedido algunos grupos municipales del ayuntamiento de Soria, como PP, IU e Iniciativa por el Desarrollo de Soria (IDES).

Según el portavoz de IDES, Luis Miguel Bonilla, el alcalde socialista de Soria "se niega a dar informes técnicos sobre los procedimientos legales que el consistorio tiene para oponerse al proyecto, el impacto ambiental y el abastecimiento de agua".