Aprobada la expropiación de terrenos de la familia Marichalar para un polígono industrial

Soria.-  El ayuntamiento de Soria ha aprobado hoy, por unanimidad y en un pleno extraordinario, la expropiación de los terrenos de la familia Marichalar en el paraje de "El Cabezo" para la construcción del polígono industrial Soria II, para el que la Junta de Castilla y León ha comprometido 35 millones de euros.

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(EFE)

El presidente del Foro de Soria, Amalio de Marichalar, acompañado por su madre, Concepción Sáenz de Tejada, muestra en rueda de prensa las fotografías en las que se indica que los terrenos donde el ayuntamiento de Soria quiere construir el polígono industrial "El Cabezo", pertenecen a su familia.

Los veintiún concejales (9 PSOE, 9 PP, 2 Iniciativa por el Desarrollo de Soria, 2 IU) del consistorio soriano han votado a favor para que se promuevan las obras de este polígono a través de la empresa pública del Gesturcal, en unas 117 hectáreas en el término municipal de Soria y cerca de la localidad de Garray.

No ha habido debate previo a la aprobación en el pleno y después de la lectura, por parte del secretario municipal, del informe de la Comisión de Urbanismo en la que se trató la expropiación se ha procedido a la votación.

En esta comisión de urbanismo se desestimaron las alegaciones a la ocupación de los terrenos de cuatro de propietarios, Amalio, Jaime, Álvaro y Luis de Marichalar.

Según el concejal de urbanismo Luis Rey, estas alegaciones estaban fundamentalmente motivadas por el precio de expropiación unos sesenta céntimos por metro cuadrado.

En la jornada de ayer se presentó otra alegación por parte del Ignacio de Marichalar, que a pesar de estar fuera de plazo, ha sido también estudiada y desestimada por los concejales del ayuntamiento que se han reunido antes de la celebración del pleno.

El alcalde de Soria, Carlos Martínez (PSOE), ha explicado, en rueda de prensa, que el trabajo del ayuntamiento ya está hecho y ahora la Junta de Castilla y León es la que tiene que desarrollar, ejecutar y promocionar el proyecto.

La familia Marichalar anunció ayer que recurrirá ante la Audiencia Provincial de Soria la decisión del Ayuntamiento porque a su juicio "incurre en graves irregularidades y vicios legales".

También dijo que pedirá medidas cautelares para evitar que se comience a desarrollar el proyecto mientras los tribunales estiman su denuncia.

Martínez ha anunciado que los propietarios están legitimados a presentar estos recursos ante la expropiación de sus terrenos, que también serán estudiados por los servicios jurídicos del ayuntamiento de Soria.

El concejal de urbanismo ha comentado, en declaraciones a los medios de comunicación, que espera que las medidas cautelares no paralicen la tramitación del polígono y se ejecuten las obras porque considera que Soria tiene "una necesidad de suelo industrial indiscutible".

La ubicación en los terrenos de "El Cabezo" fue elegida por el anterior equipo de gobierno del ayuntamiento soriano, cuando la alcaldesa era Encarnación Redondo (PP), que también ha insistido hoy en declaraciones a los medios de comunicación sobre la necesidad de suelo industrial para la ciudad.

Redondo ha explicado que se decidió este lugar para el polígono Soria II por que era el sitio "más idóneo" por su extensión y localización.

"Después se comprobó que los terrenos pertenecían a la familia Marichalar, pero estos no tienen ningún privilegio sobre el resto de los mortales para un proyecto que es beneficioso para Soria y el resto de los ciudadanos", ha asegurado Redondo.

La familia Marichalar argumenta para oponerse al proyecto la proximidad con el yacimiento de Numancia en Garray (Soria), entre otros bienes de interés cultural que a su juicio se verían afectados por el polígono.

Rey ha insistido en que "ni Numancia ni ningún BIC se verá afectado" y ha recordado que la infraestructura, a diferencia del yacimiento, se encuentra en el término municipal de Soria.

Los propietarios consideran que este es un caso de "corrupción urbanística" y uno de ellos, Amalio de Marichalar, ha denunciado que "ha sido amenazado por la Junta de Castilla y León por no firmar la venta de los terrenos".