MADRID.- Las últimas críticas de miembros del Ejecutivo español a la política italiana en materia de inmigración motivaron el desplazamiento hoy del ministro de Política Comunitaria del país transalpino, Andrea Ronchi, que se reunió con el secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido. De este encuentro salió la advertencia española de que la decisión del Ejecutivo de Silvio Berlusconi, que considera delito la inmigración clandestina, "podría afectar a otros países del entorno", entre ellos España. Sin embargo, Ronchi se defendió alegando "emergencia de seguridad".
Las últimas críticas de miembros del Ejecutivo español a la política italiana en materia de inmigración motivaron el desplazamiento hoy del ministro de Política Comunitaria del país transalpino, Andrea Ronchi, que se reunió con el secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido. De este encuentro salió la advertencia española de que la decisión del Ejecutivo de Silvio Berlusconi, que considera delito la inmigración clandestina, "podría afectar a otros países del entorno", entre ellos España. Sin embargo, Ronchi se defendió alegando "emergencia de seguridad".
En rueda de prensa, López Garrido dijo haberle transmitido a su homólogo el "respeto" por la "legítima" decisión adoptada el miércoles en el primer Consejo de Ministros del recién estrenado Ejecutivo de Berlusconi. En él, el Gobierno aprobó un proyecto de ley para penalizar a los 'sin papeles', algo que podría acarrear consecuencias para otros Estados y, por ello, debería haberse "consultado". "Nos parece que no es la mejor vía para ir hacia una política común", lamentó el interlocutor español.
"Es ilusorio pensar que un país pueda resolver solo el problema de la inmigración", aseguró, ya que a juicio del secretario de Estado "el fenómeno sólo puede ser abordado por el conjunto de la UE". En cambio, la medida adoptada podría "derivar los flujos migratorios de forma desproporcionada no sólo hacia España, sino hacia otros países europeos".
Preguntado por las incidencias del proceso de regularización masiva llevado a cabo en 2005, López Garrido se defendió recalcando que esta iniciativa "en absoluto" afectaba a otros países, "porque era que los inmigrantes se quedaran en España".
A pesar de las discrepancias manifiestas en la política en inmigración de ambos ejecutivos, López Garrido aseguró que hay muchos puntos en común, ya que ambos consideran que "la inmigración es un fenómeno que tiene aspectos positivos que ayudan al crecimiento del país y de la sociedad y debe verse no como un problema a erradicar, sino a gobernar e integrar". Asimismo, también existe consenso respecto a la directiva europea de retorno que se debate en el seno de la Unión Europea.
"SER DRÁSTICO CON LA MINORÍA"
El ministro italiano respondió a las críticas y subrayó que "no se trata de equiparar a inmigrante con delincuente", sino de "ser drástico con la minoría" de extranjeros que delinquen. "Italia tiene una emergencia de seguridad y Europa debe entenderlo", agregó a este respecto.
Por eso, la visita de Ronchi no trataría de "justificar" las últimas y polémicas decisiones adoptadas desde el Ejecutivo Berlusconi, sino "hacer entender que Italia ha cambiado de registro" y busca "más seguridad para los ciudadanos". En cualquier caso, el ministro aclaró que "Italia no ha sido nunca un país racista ni antisemita". Preguntado precisamente por los ataques de la pasada semana contra campamentos de gitanos rumanos, Ronchi recordó que en el caso de Roma se produjo después de que "una mujer gitana intentara robar a un bebé de 6 meses", aunque no quiso precisar si con ello justificaba en alguna medida las acciones. No obstante, "estos incidentes no sólo deben ser condenados, sino reprimidos", añadió.
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