El fiscal pide la imputación de cinco miembros de la cúpula militar por 62 homicidios por imprudencia grave

MADRID.-  El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos, solicitó hoy la imputación de cinco miembros que se encontraban en la cúpula militar en 2003 por los delitos de 62 homicidios por imprudencia grave, al considerar que "incumplieron los deberes mínimamente exigibles de vigilancia, control e inspección" en la contratación de los vuelos del Yakovlev-42, que se estrelló en mayo de ese año causando la muerte de todos sus ocupantes.

ampliar foto

EP (EUROPA PRESS)

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos, solicitó hoy la imputación de cinco miembros que se encontraban en la cúpula militar en 2003 por los delitos de 62 homicidios por imprudencia grave, al considerar que "incumplieron los deberes mínimamente exigibles de vigilancia, control e inspección" en la contratación de los vuelos del Yakovlev-42, que se estrelló en mayo de ese año causando la muerte de todos sus ocupantes.

El fiscal, que excluye de responsabilidad al ex ministro de Defensa Federico Trillo, pide la imputación del jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá, a quien atribuye "todas las competencias en cuanto al desarrollo de las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas"; y del jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta, al que considera "responsable de la contratación" del aparato.

Los otros tres mandos militares cuya actuación acarrea responsabilidad penal, según su criterio, son el jefe de la División de Operaciones del EMACON y del Grupo de Control del Contrato, contraalmirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; y el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo.

El delito de homicidio por imprudencia, recogido en el artículo 142.1 del Código Penal, está castigado con penas de cárcel de entre uno y cuatro años. El accidente del Yakovlev-42, que tuvo lugar en Trabzon (Turquía) el 26 de mayo de 2003, provocó la muerte de 62 militares españoles que regresaban de su misión en Afganistán, en lo que significó la mayor catástrofe de las Fuerzas Armadas españolas en tiempos de paz.

"EL ACCIDENTE ERA EVITABLE"

En su escrito, en el que se pronuncia sobre la petición de imputación de 20 mandos militares y responsables de la intermediaria Chapman Freeborn que solicitaron un grupo de familiares de las víctimas, Burgos asegura que, si los mandos militares imputados "hubieran cumplido adecuadamente sus deberes legales y contractuales para garantizar la seguridad de las tropas bajo su mando, el vuelo en cuestión nunca se hubiera llevado a cabo, y en consecuencia, el siniestro nunca se hubiera producido".

"Las deficientes (y hasta lamentables) condiciones de seguridad del vuelo y el alto riesgo que la realización de ese transporte suponía para las tropas españolas eran conocidos por los responsables militares del Ministerio de Defensa", asegura el teniente fiscal, quien sostiene esta afirmación a partir de los informes periciales que han sido incorporados al procedimiento.

También cita un informe del Centro de Investigación y Seguridad del Ejército de Tierra (CISET), en el que el teniente coronel Marino González denunciaba la "absoluta inidoneidad" de los aviones contratados a compañías de países de la antigua Unión Soviética, así como las quejas que realizaron otros seis militares que viajaron en este tipo de aparatos. Entre ellas se encuentra una relativa al propio Yak-42 siniestrado que fue realizada por el responsable del buque militar Galicia en un vuelo a Irak que tuvo lugar 15 días antes del accidente.

A su juicio, la actuación de los cinco mandos militares imputados entraña "una relevancia penal indudable" por la "conducta omisiva" que adoptaron cuando conocieron "las enormes deficiencias e irregularidades" de los aparatos, lo que "hacía previsible que el siniestro pudiera suceder". También considera "evidente" la "influencia que el adecuado cumplimiento de estos deberes hubiera tenido a la hora de evitar el resultado producido". "Lo que nos conduce a sostener que hubiera sido evitable", concluye.

En este sentido, recuerda que, a pesar de que el EMACON creó un Grupo de Control para garantizar el cumplimiento del contrato por el que el Ministerio de Defensa adjudicó el transporte de las tropas en el exterior a la agencia de la OTAN Namsa, hasta que no se produjo el accidente "ni se inspeccionó jamás ninguno de los vuelos, ni fueron comprobadas en ninguna ocasión las condiciones del avión en cuanto a su seguridad, mantenimiento, instrumental necesario para la aeronavegabilidad, pericia de la tripulación, certificados y licencias precisos o documentación exigible".

"INCONTROLADA CADENA DE SUBCONTRATAS"

En las ocho páginas del informe, el representante del Ministerio Público también pone de manifiesto "la incontrolada cadena de subcontratas" que se desarrolló desde que el Ministerio de Defensa adjudicó el transporte de las tropas a Namsa hasta que se contrató el Yak-42 a la compañía ucraniana UM-Air, lo que provocó que "el 75% del dinero previsto para el vuelo no fue utilizado para esta finalidad".

Este proceso, en el que participaron otras cuatro empresas (el 'broker' Chapman Freeborn y las compañías aéreas Volga Dnepr, Adriyatic LTD y JTR Company SAL), originó que los 149.000 euros destinados en principio para el vuelo del Yak-42 se redujeran, al final de las subcontrataciones, a 38.422.

"El abaratamiento del coste fue posible naturalmente a costa de reducir de forma irresponsable las condiciones de calidad, seguridad y fiabilidad del avión", apunta Burgos antes de indicar que esta cuestión, "extraordinariamente relevante", también será "objeto de investigación" en orden a determinar "el destino final del dinero y las comisiones cobradas".

REAPERTURA DE LA CAUSA

La causa sobre las presuntas irregularidades en la contratación del Yak-42 se volvió a abrir en noviembre de 2007 después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional corrigiera las actuaciones del juez Fernando Grande-Marlaska.

Desde ese momento comparecieron ante el magistrado el ex ministro de Defensa Federico Trillo, que atribuyó la responsabilidad de la contratación al EMACON; su sucesor en el cargo, José Bono, que aseguró que las quejas llegaron al jefe de gabinete del ministro; y otros cinco mandos militares.

También testificaron en la Audiencia Nacional el ex presidente de la Asociación de Familiares de las víctimas, un perito aeronáutico propuesto por la acusación que atribuyó el accidente al cansancio de los pilotos, y un comandante que recibió un correo electrónico de un compañero fallecido en el accidente en el que le decía que el avión siniestrado había sido contratado a "piratas aéreos".

En abril pasado, la Sala de lo Penal también obligó al juez Grande-Marlaska a reabrir una segunda causa relativa a la identificación errónea de los cadáveres, que se encuentra en los trámites previos al juicio oral.