El PP dice que la ley de derechos de salud de menores hace frente al maltrato infantil

Valencia.-  El grupo popular ha defendido hoy ante pleno de Les Corts Valencianes el proyecto de ley de los Derechos de Salud de Niños y Adolescentes, una norma "progresista" que, según los populares, será un instrumento para luchar contra el maltrato a menores en la Comunitat Valenciana.

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(EFE)

Los diputados Rafael Maluenda (i), del PP, y José Camarasa, del PSPV, durante el pleno de las Cortes Valencianas, en el que se debate, entre otros asuntos, el proyecto de ley de los derechos de salud de niños y adolescentes.

El grupo socialista y el de Compromís, aunque no han presentado ninguna enmienda a la totalidad del texto, que a continuación se debatirá en comisión, han coincidido en denunciar que la futura ley "no aporta nada" y refleja el "conservadurismo ideológico" del PP.

El objeto de esta ley es garantizar, de forma integrada, los derechos de salud de niños y adolescentes "sin distinción alguna" en el ámbito de la Comunitat Valenciana, según ha explicado el conseller de Sanidad, Manuel Cervera, que ha destacado que se trata de una norma pionera en España.

Durante el debate de totalidad del proyecto de ley, el portavoz adjunto del PP Antonio Clemente ha subrayado que se trata de una "ley progresista porque es la primera comunidad que regula de manera integrada y diferenciada los derechos de salud de niños y adolescentes".

Uno de sus aspectos más destacados, según Clemente, es que la futura ley servirá de "instrumento para combatir una lacra social que se está incrementando de forma importante, como el maltrato de los niños y adolescentes".

En este sentido, la ley "detecta las necesidades de los menores en esta situación", y concede potestad al personal sanitario para ponerse en contacto con los servicios sociales para alertar del maltrato, "independientemente de que se dé notificación a la fiscalía".

También ha remarcado que la norma reconoce derechos a los menores portadores de VIH, para garantizar que desarrollen su vida con "normalidad" y "confidencialidad", así como a aquellos que se encuentren en situación de desprotección social y a los infractores, a quienes se proporcionará una atención "ágil y prioritaria" en unidades de conductas adictivas y centros de salud mental.

Por su parte, el diputado socialista Ignacio Subías ha criticado que esta ley "no aporta nada nuevo", como "les ha dicho el propio Consell Jurídic Consultiu", y "da la impresión de que se está intentando implantar un modelo social que no se corresponde con la sociedad".

"No puede ser que el PP intente implantar el conservadurismo ideológico" a través de esta norma, en la que el socialista echa de menos aspectos relacionados con el consumo de alcohol o de drogas y acerca del uso de las tecnologías de la comunicación.

En la misma línea, la diputada de Compromís Marina Albiol ha criticado que esta norma "no garantiza la consecución de prácticamente ningún derecho", pues aparecen "sin definirlos" y carecen, además, de memoria económica para llevarlos a la práctica.

Al igual que Subías, Albiol ha opinado que la ley "no aporta nada nuevo", pues en lugar de "aumentar los derechos y prestaciones", recoge derechos ya contemplados en la Constitución Española de 1978 y en la legislación europea.

"No tiene sentido que no se contemplen cuestiones como el acceso a los preservativos" y se predique "la abstinencia que no practican ya ni ellos", ha dicho en alusión a los populares.