La Cámara tramitará la propuesta del cabildo de Tenerife sobre la protección del suelo agrícola

Santa Cruz de Tenerife.-  El pleno del Parlamento de Canarias aceptó hoy tramitar una proposición de ley del Cabildo de Tenerife que persigue dotar de mayor protección del suelo agrícola en producción ante la ejecución de obras de infraestructuras.

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El PP y CC apoyaron esta propuesta, mientras que el PSOE se abstuvo por considerar que, aunque los fines son elogiables, no se trata de aprobar nuevas leyes sobre materias que ya están reguladas, sino de aplicar las ya existentes, lo que no hace el Gobierno de Canarias, como en el caso de la Ley de directrices.

La iniciativa se basa en que los espacios agrícolas deben ser considerados no sólo en función de su valor de mercado, sino también en teniendo en cuenta otros beneficios económicos "intangibles", como el valor paisajístico, cultural y ambiental.

La propuesta fue defendida ante el pleno por el presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, y por el consejero de Economía de la corporación, Carlos Alonso.

En concreto, esta iniciativa legal plantea medidas para minimizar la ocupación de suelos agrarios en producción a la hora de construir infraestructuras.

Para ello, se propone la aplicación de un "principio de precaución" que dé prioridad a la utilización más eficiente de las infraestructuras existentes y que el trazado de las obras se haga preferentemente por suelos de menor valor agrícola.

También se propone establecer un canon sobre el valor del presupuesto total de las obras de infraestructuras a ejecutar en suelo agrario productivo de entre el 3 y el 10 por ciento.

Los ingresos de este canon constituirían un nuevo fondo de compensación interterritorial a gestionar por los cabildos para realizar políticas activas de conservación o mejora de espacios agrarios.

Estas medidas propuestas por el Cabildo de Tenerife, que pueden ser modificadas durante su trámite parlamentario, supondrían una modificación del decreto legislativo sobre el texto refundido de las leyes de ordenación del territorio y de espacios naturales de Canarias y de la Ley de directrices.

Ricardo Melchior señaló que estas medidas son necesarias ante la fragilidad del suelo agrario, que está sometido a fuerte presión por parte de otras actividades o por abandono, debido a las bajas rentas que ofrece su explotación.

El consejero de Economía del Cabildo, Carlos Alonso, dijo que los sistemas agrarios que se mantienen son poco competitivos, pero se trata de un bien público que va más allá del propio mercado.

El diputado del PSOE Santiago Pérez señaló que los fines de esta propuesta son valiosos, pero antes de proceder a nuevas normas hay que analizar si se aplican las actualmente existentes.

Según Pérez, la legislación de protección del territorio y del medio ambiente debería haber sido ya desarrollada por el Gobierno de Canarias mediante la aplicación de la ley de directrices, algo que no ha ocurrido.

El representante socialista recordó casos concretos, como el rechazo por la Administración canaria a las alegaciones que han planteado sectores agrarios ante proyectos como la vía exterior de Tenerife, que afectará a parte de los mejores espacios agrarios de la isla.

"Lo que el suelo agrícola necesita no es más legislación, sino políticas activas" y que se cumplan las normas que ya existen, las cuales el Gobierno de Canarias "o no la aplica o no las desarrolla".

Advirtió de que calificar el suelo agrícola como un bien público supone abrir la puerta al intervencionismo de las administraciones que puede afectar al derecho constitucional a la propiedad.

José Miguel González, de CC, dijo que el desarrollo desordenado que ha caracterizado a Canarias lo ha pagado el suelo agrario y destacó el interés común de que se mantenga la producción.