Valencia.- El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, ha solicitado hoy a la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, una reunión tras la suspensión cautelar de la Ley valenciana de Régimen Económico Matrimonial adoptada por el Tribunal Constitucional en una medida que el Consell "no esperaba".
El secretario segundo de la Mesa de Les Corts, el socialista Antoni Such, ha asegurado hoy que la paralización de la aplicación de la Ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano "la ha generado única y exclusivamente" el Consell, que, según ha dicho, "sabía perfectamente que era inconstitucional".
Así lo ha explicado hoy el vicepresidente primero y portavoz del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del pleno del Consell donde se ha abordado la admisión a trámite del TC del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra la ley, que debía entrar en vigor el próximo 25 de abril, y la suspensión de su vigencia y aplicación.
Según la providencia del Tribunal Constitucional hecha pública ayer, se va a trasladar a las Cortes Generales, al Gobierno y a Les Corts Valencianes la demanda y documentos presentados, para que en el plazo de quince días puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.
El Constitucional da por invocado por el presidente del Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, que establece que la impugnación por parte del Ejecutivo -según el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 21 de diciembre- de disposiciones adoptadas por órganos de las autonomías "producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida".
Según Rambla, este recurso es "una clara afrenta" a la "capacidad de autogobierno" de la Comunitat, que "limita" al igual que "todas las opciones que permite el Estatuto de Autonomía" contempladas en la recuperación del Derecho civil valenciano.
"No entendemos" el recurso del Gobierno ni la medida adoptada por el TC, ha señalado el portavoz del Consell para insistir en que el Estatuto de Autonomía ha superado todas las aprobaciones legislativas posibles y ninguno de sus artículos ha sido declarado inconstitucional.
Por ello, el Ejecutivo valenciano le pide al central que "desista" de una reclamación que impide desarrollar en su totalidad la normativa estatutaria, y reitera que en cuanto se conozcan las razones y el origen de esa medida, los servicios jurídicos de la Generalitat "se pondrán a trabajar para que se presenten los recursos oportunos".
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