El Tribunal Supremo abre la puerta para la reanudación de las ejecuciones en EE.UU.

Washington.-  El Tribunal Supremo abrió hoy la puerta para la reanudación de las ejecuciones en EE.UU. al dar visto bueno al uso de inyecciones letales, pese al rechazo de grupos de defensa de los derechos humanos nacionales e internacionales.

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(EFE)

La máxima autoridad judicial de Estados Unidos puso fin a una virtual moratoria de ocho meses en las ejecuciones al determinar que la inyección letal es constitucional.

La máxima autoridad judicial del país puso fin a una virtual moratoria de ocho meses en las ejecuciones al determinar que la inyección letal como método de aplicación del castigo es constitucional.

El cuestionamiento al método fue planteado en septiembre del año pasado en Kentucky por dos condenados a muerte que argumentaron que la inyección letal violaba la Constitución al infligir un dolor cruel e innecesario al condenado.

Ese argumento fue rechazado por siete votos contra dos y ahora "las ejecuciones se pueden reanudar en cualquier momento tras la moratoria voluntaria que aplicaron la mayoría de los 35 estados donde rige el castigo", señaló a Efe Deborah Denno, profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Fordham, en Nueva York.

La próxima ejecución con inyección letal está prevista para el 15 de julio en Virginia. La siguiente deberá realizarse seis días después en el estado de Luisiana.

El Tribunal Supremo restableció la pena de muerte en 1976 y desde ese año han sido ejecutadas 1.099 personas, la mayoría de ellas mediante una inyección letal.

"El problema no era la constitucionalidad de la pena de muerte. El problema era el método en Kentucky que, según los condenados, violaba la Octava Enmienda de la Constitución, que prohíbe la crueldad en el tratamiento de las personas", señaló Denno.

La moratoria ya no está en efecto, pero esta decisión también significa que el método podrá ser cuestionado en otros estados que utilicen una fórmula diferente a la de Kentucky, agregó.

Ese estado emplea el compuesto tiopental sódico, un anestésico poderoso que deja inconsciente al reo; luego se administra pancorio, que paraliza los músculos, y finalmente potasio, que detiene el corazón del ejecutado.

Los opositores a este método aducen que si el primer compuesto no se administra de manera eficaz, el segundo induce una sofocación y parálisis consciente aterradoras, y el tercero inflige un terrible dolor ardiente mientras avanza por las venas.

Los dos reos que presentaron la petición al Supremo no pedían que se cancelara su ejecución, sino que se les administrara una sola inyección, un barbitúrico, que no causa dolor pero sí la muerte.

La Unión de Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU) se declaró profundamente decepcionada por la decisión del Supremo y señaló que la Octava Enmienda tenía como objetivo establecer "normas de decencia".

"Hoy el Tribunal Supremo ha pensado de forma diferente y ha ratificado un protocolo para la inyección letal que ni siquiera pueden usar los veterinarios en la mayoría de los estados, incluyendo Kentucky, cuando se trata de sacrificar a un animal", señaló la ACLU en un comunicado.

Para John Holdridge, director del Proyecto sobre la Pena Capital de ACLU, la decisión del Supremo mantiene un castigo que está plagado de errores e "infectado con discriminación racial y geográfica".

Según datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, el castigo se aplica en mayor proporción a los negros y en mayor medida en los estados del sur.

Para Human Rights Watch (HRW), las ejecuciones no deberían reanudarse en Estados Unidos pese a que el Supremo ratificó la constitucionalidad de la inyección letal.

"Los estados que ejecutan a los reos tienen la obligación, en el marco de la ley de los derechos humanos, de hacerlo de la forma más humana posible y los protocolos de la inyección violan ese objetivo", dijo David Fathi, director del Programa para EE.UU. de HRW.

Pero no todas las reacciones fueron de rechazo a la pena de muerte, un castigo que cuenta con el apoyo del presidente George W. Bush y de más de un 60 por ciento de la población, según las últimas encuestas.

El gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, aplaudió el dictamen del Supremo que, según dijo en una declaración, respalda el protocolo para la inyección letal de su estado.