Santa Cruz de Tenerife.- La consejera de Sanidad, Mercedes Roldós, anunció hoy que el Consorcio Sanitario de Tenerife emprenderá acciones legales por supuestos delitos de injurias y calumnias contra el cirujano cardiovascular y quienes difundan informaciones tendenciosas y difamatorias sobre las tasas de mortalidad del servicio de cirugía cardíaca del Hospital Universitario de Canarias (HUC).
El acuerdo del órgano de gobierno del HUC, que fue dado a conocer por la consejera en una comparecencia parlamentaria a petición propia, indica que las declaraciones del cirujano cardiovascular Ignacio Díaz de Tuesta sobre la existencia de una alta tasa de mortalidad en el servicio han creado alarma social, han sido difundidas a pesar de ser inexactas y han lesionado el prestigio y el buen nombre de los profesionales del hospital.
Además el Consorcio Sanitario de Tenerife indica que las declaraciones de Díaz de Tuesta se han agravado tras la sentencia que desestimó el recurso que éste presentó tras ser despedido del centro.
La consejera de Sanidad dijo que "no todo vale", reprochó al PSOE que participe en crear preocupación y dolor a los pacientes que se deben someter a este tipo de operaciones y consideró que los socialistas han puesto en tela de juicio el buen nombre del HUC y de sus profesionales.
El diputado del grupo Socialista Juan Carlos Alemán acusó al Gobierno de no haber adoptado ninguna medida a pesar de que tenía desde hace un año el resultado de una auditoría externa sobre las tasas de mortalidad del HUC y pidió a la consejera que inste a que se investigue judicialmente lo ocurrido durante los años 2005 y 2006 en ese servicio.
La consejera señaló que el cirujano cardiovascular que ha realizado estas denuncias fue despedido tras la apertura de dos expedientes disciplinarios por dos faltas muy graves.
Roldós dijo que durante 20 años el servicio de cirugía cardiovascular del HUC ha realizado una magnífica labor que ha sido reconocida con premios como el TOP 20, al tiempo que manifestó que en la encuesta de satisfacción que se les hace a los pacientes tras el alta hospitalaria la nota que recibió este servicio fue de sobresaliente en 2007.
Agregó que la evaluación externa sobre la actividad en 2005 y el primer trimestre de 2006 fue encargada por el propio centro y el objetivo de la misma era presentar propuestas que se concretaron en 35 medidas para mejorar el servicio.
Roldós indicó que en 2007 ingresaron en este servicio 455 enfermos, fueron atendidos en consultas 625, intervenidos cerca de 300 y fallecieron 19 pacientes.
La consejera señaló que el índice de mortalidad en este servicio es del 7,9 por ciento, que es equiparable al existente en cualquier otro centro.
No obstante apuntó que en Canarias existen determinadas circunstancias que hacen que la prevalencia de enfermedades cardiovasculares sea mayor que en otras comunidades autónomas.
La consejera expresó su respaldo y apoyo a los profesionales del HUC que trabajan, dijo, para ofrecer un servicio sanitario seguro y de calidad y subrayó que los cirujanos cardiovasculares del centro cuentan con una "altísima" acreditación profesional.
Además estimó que es preciso dar un mensaje de tranquilidad y confianza a la población para que tengan la seguridad de que este servicio se encuentra dentro de los estándares de calidad.
Juan Carlos Alemán, del grupo Socialista, detalló las tasas de mortalidad que la auditoría pone de manifiesto y que se encuentran por encima de la media en todos los casos.
Agregó que estos datos, que consideró graves, los conocía el Gobierno desde hace un año y señaló que su partido no ha querido utilizarlos sino que ha esperado a que el Ejecutivo actuara "porque nuestra preocupación ha sido la defensa de los pacientes, evitar el deterioro de la sanidad canaria y conocer la verdad y a sus responsables".
El parlamentario socialista insistió en que los datos son muy graves porque se trata de personas y de familias, adelantó que hoy no termina el debate sobre este asunto y le dio a elegir a la consejera entre seguir discutiendo o buscar soluciones, opción que, dijo, él prefiere.
Dijo que el Gobierno ha tenido la voluntad de ocultar esta auditoría con el argumento de evitar la alarma cuando "de verdad se protegen a si mismos y a su irresponsabilidad para afrontar los problemas".
Asier Antona, del grupo Popular, dijo que el cirujano cardiovascular despedido se ha proclamado juez de un servicio y ha provocado un enorme daño y alarma social y puntualizó que ese mismo profesional en su día y en publicaciones compartidas afirmaba que era un servicio de referencia.
Apeló a la responsabilidad porque los ciudadanos, dijo, "no nos van a perdonar que causemos alarma", defendió a los 2.880 profesionales del HUC y subrayó que los datos de 2007 son magníficos.
José Izquierdo Botella, del grupo de CC, indicó que durante muchos años el servicio de cirugía cardiovascular ha funcionado con normalidad y con reconocido prestigio y destacó la diligencia de la dirección del centro que actuó con el encargo de la auditoría desde que tuvo conocimiento de la denuncia.
Izquierdo señaló que no ha habido ningún tipo de represalia hacia el profesional despedido y criticó que se utilice la sanidad como arma arrojadiza entre los partidos.
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