Quince de los 29 acusados por tráfico de heroína se declaran culpables

Oviedo.-  Quince los veintinueve acusados como presuntos integrantes de una red de tráfico de heroína que operaba en la zona central de Asturias hace tres años han reconocido los hechos que les imputa la Fiscalía, que pide para todos ellos penas que suman los 169 años y nueve meses de prisión.

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(EFE)

Familiares y amigos de los veintinueve acusados como presuntos integrantes de una red de tráfico de heroína que operaba en la zona central de Asturias, esperan para entrar en la sala de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias que ha abierto hoy una vista oral contra los detenidos dentro de la denominada 'Operación Pichirri' que permitió desarticular en marzo de 2005 la que era, según la Policía, la mayor red de tráfico de esta sustancia que operaba en el Principado.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias ha abierto hoy la vista oral contra los detenidos dentro de la denominada 'Operación Pichirri' que permitió desarticular en marzo de 2005 la que era, según la Policía, la mayor red de tráfico de esta sustancia que operaba en el Principado.

Según el escrito del fiscal especial antidroga, José Perals, el grupo operaba fundamentalmente en Langreo y distribuía heroína y cocaína a los consumidores de estas sustancias con los que concertaba citas en el domicilio de dos de los acusados a través del teléfono utilizando un lenguaje encriptado.

La red estaba formada por una trama de distribuidores a distintas escalas, muchos de los cuales tenían relaciones de parentesco, y los primeros arrestos se produjeron cuando dos de los acusados regresaban en autobús desde Madrid, donde supuestamente adquirieron la droga, de la que les fueron incautados dos kilos de heroína.

Las investigaciones posteriores llevaron a la Policía a efectuar quince registros en viviendas de Oviedo, Gijón, Langreo, León y La Coruña en las se aprehendieron diversas cantidades de heroína, cocaína y hachís, además de balanzas de precisión y útiles para cortar la droga y venderla en el mercado negro.

En los domicilios fueron localizadas además tres pistolas semi automáticas, además de dos escopetas, sin que los propietarios de los inmuebles tuviesen la guía de pertenencia ni la licencia de uso para poseer estas armas, así como un DNI falsificado.

Según el fiscal, los integrantes de la red utilizaron el dinero adquirido con la venta de las drogas para adquirir un piso y un chalé en León, en el que construyeron una piscina pagada en metálico y numerosos electrodomésticos de alta gama, y que pusieron a nombre de terceros, al igual que los vehículos que compraban y que después se encargaba de revender otro de los acusados.

Para uno de los imputados, el ministerio público interesa además una pena de dos años por un delito de atentado al haber estado a punto de arrollar con el vehículo que conducía a tres agentes de la Policía que habían acudido al domicilio de Gijón en el que residía para realizar un registro.

En la primera sesión del juicio, Perals ha tomado declaración en primera instancia a los quince acusados que han reconocido los hechos que les imputa, que en su mayor parte afirmaron ser toxicómanos en la etapa en la que se produjeron los hechos.

El fiscal solicitaba para estos quince imputados penas que sumaban 105 años y tres meses de prisión y que oscilaban entre los dos años y seis meses y los doce de reclusión, la condena más elevada solicitada para el conjunto de imputados.

También han testificado ante el tribunal el matrimonio formado por M.T.M.M y G.S.G., para los que el fiscal pide 4 y 7 años de prisión respectivamente, y que han negado que se dedicasen a la venta de la heroína que, según su declaración, adquirían para su consumo, que se elevaba a un gramo y medio diario.

La última acusada en testificar ha sido J.P.F., para la que Perals pide 3 años y 6 meses de prisión por un delito de blanqueo de capitales al aceptar que se pusieran a su nombre los bienes comprados con el dinero procedente de la venta de la droga, cuyo origen conocía, según el fiscal, extremo que negó en su declaración.

Por su parte, uno de los abogados defensores ha anticipado su intención de solicitar al final de la vista la nulidad de las escuchas telefónicas realizadas por la Policía y que constituyen una de las principales pruebas contra los acusados.