El Consell ratifica el convenio de carreteras y rechaza pedir, de nuevo, la encomienda

Palma.-  El pleno del Consell de Mallorca ha ratificado hoy el convenio de carreteras y ha rechazado una moción del grupo popular para solicitar al Ministerio de Fomento que responda en un mes a la petición de la encomienda de gestión de las obras previstas para 2007 y 2008, porque ya se reclamó hace un mes.

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(EFE)

Un aparatoso accidente de circulación sin víctimas en la Vía de Cintura .

El Consell ha aprobado, con diecisiete votos a favor del equipo de gobierno y dieciséis en contra del PP, la ratificación del convenio, que, según el conseller de Carreteras, Antoni Pascual, permitirá que el siguiente paso sea "empezar a hacer obras", comenzando por "la variante de Son Servera y el tercer carril de la Via de Cintura de Palma".

La diputada popular, Mabel Cabrer, ha calificado dicho convenio de "papel mojado" y ha criticado "el retraso en su firma", así como que "no ha supuesto la ejecución de ninguna obra ni ninguna encomienda de gestión", ya que "se han tenido que reprogramar los proyectos previstos para 2007 y seguramente los de 2008".

"No compartimos que incluya la derogación del convenio firmado en marzo de 2004 porque perjudica a los ciudadanos, ni el plazo del convenio fijado en 2017, que la encomienda de gestión de las obras fundamentales no esté concretada, ni el hecho de que no haya llegado ni un céntimo a Baleares", ha dicho Cabrer para justificar el voto en contra del PP.

La consellera de Cultura y Patrimonio y portavoz del Bloc en el Consell, Joana Lluïsa Mascaró, ha respondido durante el pleno a la crítica realizada por Cabrer sobre el voto favorable hoy de los consellers del Bloc, que votaron en contra del convenio en noviembre de 2006.

Así, Mascaró ha indicado que su sentido del voto se debe a que el nuevo acuerdo no contempla el segundo cinturón de Palma, y sí un estudio de movilidad sobre los accesos a la ciudad que permitirá al equipo de gobierno "decidir qué modelo de carreteras queremos".

Por otra parte, el pleno ha rechazado, con los diecisiete votos en contra del equipo de gobierno, la moción presentada por el grupo popular que instaba al Consell a solicitar al Ministerio de Fomento que concediera en el plazo de un mes la encomienda de gestión de las obras del convenio de carreteras previstas para 2007 y 2008.

La diputada popular y ex consellera autonómica de Obras Públicas, Mabel Cabrer, ha denunciado "la parálisis total del convenio de carreteras", que ha asegurado ha supuesto "la pérdida de 62 millones de euros".

Esa cantidad se refiere "a las obras previstas para 2007 y 2008", que Cabrer ha cifrado en 54,2 millones de euros, además de los 8 millones correspondientes al capítulo de expropiaciones.

"El Ministerio no cumple sus compromisos y se ríe de nosotros", ha asegurado la ex consellera.

Cabrer ha insistido en la necesidad de reclamar al Ministerio de Fomento la encomienda de gestión para que la institución insular pueda ejecutar las obras, que ha definido como "la mejor fórmula para conservar la autonomía del Consell en sus competencias, para agilizar los procedimientos y para ayudar a las empresas locales".

El conseller de Carreteras, Antoni Pascual, ha justificado su rechazo a la moción por considerarla "reiterativa", ya que, según ha explicado, el Consell solicitó al Ministerio de Fomento la encomienda de gestión de las obras de carreteras en octubre de 2007, petición que fue reiterada hace un mes.

Pascual ha asegurado que "no se ha perdido ningún dinero de la asignación de 2007 porque se ha redistribuido en los demás años".

"Los plazos se cumplirán y confío en que en junio se adjudicarán las obras por parte del Ministerio, o bien las licitará el Consell por encomienda de gestión", ha afirmado el conseller de Carreteras, quien ha añadido que la institución insular procurará obtener una respuesta antes de la constitución del próximo ejecutivo nacional "por parte del Gobierno en funciones".

Cabrer ha puesto en duda que las obras sean adjudicadas en junio porque ha indicado que su tramitación requiere "como mínimo 52 días", cuyo transcurso finalizaría el 8 de junio, y después de los cuales deben llevarse a cabo "las mesas de contratación".