México.- El gobierno mexicano presentó hoy al Senado una iniciativa de ley para controlar las sustancias que pueden ser usadas para fabricar armas químicas, que impone penas de hasta 40 años de cárcel para quién produzca o comercialice productos prohibidos.
El gobierno mexicano presentó una iniciativa de ley para controlar las sustancias que pueden ser usadas para fabricar armas químicas, que impone penas de hasta 40 años de cárcel.
"El tema del desarrollo, producción y empleo de armas químicas ha cobrado mayor fuerza para las naciones del orbe y, por ende, para nuestro país, a partir de los diversos actos terroristas que han tenido lugar en diversos países desde el 2001", argumentó el presidente mexicano, Felipe Calderón, en el documento enviado al titular del Senado, Santiago Creel.
Además, aseguró que la nueva ley es necesaria para "ajustar" el marco jurídico mexicano a la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción, de la ONU, que México firmó en 1993 y entró en vigor en 1997.
La propuesta establece penas de entre quince y cuarenta años de prisión, y multas de 400 a 1.200 días de salario mínimo (entre 1.240 y 3.730 euros aproximadamente) a quienes trafiquen, produzcan, adquieran, conserven o empleen sustancias químicas para fines distintos a los previstos por las leyes o sin autorización.
Las mismas penas se aplicarán para las personas que transfieran a individuos de países que no son signatarios de la Convención cantidades de doce químicos prohibidos.
Entre las sustancias consideradas por la ley se cuentan la mostaza de azufre y de nitrógeno, saxitoxina, ricina, lewisitas y el sarín y somán, con los que se fabrican distintos tipos de explosivos y armas químicas.
Quienes transfieran a estados que no forman parte de la Convención alguna sustancia de una lista de 29 químicos menos peligrosos, entre ellos el tricloruro de arsénico, el ácido metilfosfónico o el cianuro de sodio, podrán ser condenados a penas de entre seis y doce años de prisión.
El gobierno mexicano pretende además regular la elaboración, producción, el consumo y el comercio de sustancias químicas peligrosas, estableciendo normas sobre su desarrollo, conservación, uso final, posesión y transporte.
En total se controlarán 91 sustancias y las compañías que fabriquen esos químicos deberán inscribirse en un registro nacional y entregar información regularmente a las autoridades.
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