Comenzó esta semana el juicio en Francia por el mayor accidente industrial ocurrido en el país desde la Segunda Guerra Mundial. A más de siete años de la explosión en Toulouse de una planta del grupo de la petrolera Total, que dejó 31 muertos, 2.500 heridos graves y 6.000 leves, cientos de víctimas y familiares esperan que se esclarezcan los hechos y se haga justicia.
Así quedó la planta química francesa AZF tras la explosión
Repasemos lo sucedido: el 21 de septiembre de 2001, un almacén repleto de nitrato de amonio —utilizado en la fabricación de fertilizante— explotó con una fuerza equivalente a la de 50 toneladas de TNT (otra prueba de su potencia explosiva la tuvimos más tarde en Castellón, cuando chocó un camión cargado con dicha sustancia). Tras el impresionante estallido, de la fábrica sólo quedó un cráter de 20 metros de profundidad y 100 de diámetro (imagen de Google Maps). Unas 30.000 viviendas y establecimientos fueron dañados por la explosión.
Como cuenta el francés Stephane Gros, "vivo en Toulouse desde que era pequeño, y siempre hemos temido que algún día ocurriera un drama como el del 21 de septiembre de 2001; aunque lo esperábamos, nunca nos imaginamos la amplitud de esta catástrofe". Gros ha creado un blog que habla específicamente del accidente de AZF, y en el que incluye fotografías, vídeos y canciones.
¿Quién tuvo la culpa? La acusación le atribuye negligencia a la empresa, por no haber impedido que 500 kilos de una sustancia clorada, dicloroisocianurato de sodio, se mezclasen por error con el nitrato de amonio, produciendo un gas inestable —tricloruro de nitrógeno—, que se inflama a temperatura ambiente. Cabe aclarar que ésta es una hipótesis —la más verosímil para los peritos—, pues la voladura no dejó muchas pruebas de laboratorio.
Canción 'Attention Zone Fragile' (AZF)
En el banquillo de los acusados se sentarán los jefazos de la planta, imputados por los cargos de homicidio involuntario, negligencia, infracción del código laboral, heridas involuntarias, etc. Su estrategia de defensa viene siendo la de negar cualquier conducta negligente de la empresa e insistir en la posibilidad de un atentado de terroristas islámicos, una opción manejada inicialmente por la policía francesa (poco antes del hecho había tenido lugar el 11-S). Los familiares afirman que los peritos han descartado esa interpretación e insisten en conocer toda la verdad.
El proceso promete pasar al libro Guinness: actuarán 60 abogados, se citarán a 200 testigos, y además será el primero filmado en su integridad a lo largo de cuatro meses (cosa que hasta ahora sólo había ocurrido en juicios por crímenes contra la humanidad). El tribunal sesionará en una sala preparada para acoger hasta 1.000 personas. Unas 1.600 personas físicas y jurídicas serán parte en el juicio, cuyo costo rondará los tres millones y medio de euros. El sumario ya va por las 53.000 páginas.
Víctimas y familiares esperan que se esclarezcan los hechos y se haga justicia.
De confirmarse las conductas delictivas sugeridas por las pruebas periciales, y una vez que los responsables se vean condenados a penas y multas dignas de récord (las aseguradoras y la empresa ya han desembolsado 2.000 millones de euros), se fortalecerá el principio de 'Quien contamina, paga', y sobre todo, 'Quien contamina y mata, paga mucho más'.
En cuanto al otro punto decisivo, las lecciones aprendidas de la tragedia, gran parte de la cuestión pasa por el hecho de que la planta estuviera situada en pleno tejido urbano, a apenas tres kilómetros del centro. Pregunta: ¿Cómo pudo situarse allí una instalación que maneja productos inflamables? Respuesta: por la falta de un plan de ordenación territorial coherente, que delimitase claramente las áreas residenciales de las industriales; y de una vigilancia seria por parte de las autoridades municipales.
El siniestro ha obligado a la Unión Europea a replantearse su política en relación a las instalaciones industriales potencialmente peligrosas. La actual directiva (Seveso 2) ha sido sobrepasada por los hechos, haciéndose imperativo un enfoque basado en la eliminación sistemática de riesgos, además del establecimiento de normas severas en cuanto a la ubicación de tales plantas.
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