Córdoba.- El pleno de magistrados de la Audiencia Provincial de Córdoba ha acordado actuar penalmente contra los responsables o propietarios de construcciones ilegales que supongan la ampliación de núcleos de viviendas irregulares, aunque estos ya estén consolidados.
El presidente de la Audiencia de Córdoba, Eduardo Baena.
El presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Eduardo Baena, ha explicado en conferencia de prensa que con el pleno de magistrados se pretende unificar criterios y doctrinas ante los casos de delitos contra la ordenación del territorio.
De esta manera, los magistrados han acordado una serie de líneas de actuación como que la existencia de construcciones previas en un asentamiento anterior no supone la "exoneración de la responsabilidad penal".
Así, Baena ha precisado que en el caso de los núcleos consolidados el objetivo es que no se extienda "lo desordenado", mientras que si la construcción se realiza dentro del perímetro de la parcelación "habrá que examinar cada caso concreto".
En estos casos se estudiarán si la nueva edificación supone "un plus de degradación del territorio, del suelo, de los recursos naturales o del paisaje", así como "una utilización completamente irracional del territorio".
Otro de las aspectos que debatieron los magistrados fue la demolición de construcciones ilegales, una medida que según el acuerdo tendrá que tener como primer requisito que lo solicite la acusación.
Además, sólo se llevará a cabo "cuando conste patentemente" que la construcción está fuera de la ordenación y "no sean legalizables o subsanables".
No obstante, se acordará demoler las viviendas en aquellos casos en los que el responsable haya tenido una "voluntad rebelde" ante los requerimientos de la administración de abandonar esta la construcción.
En el caso de que no haya una voluntad expresa de demolición o se dude sobre la posible legalización, se comunicará el caso a la administración para que esta realice "reparación legal si lo considera oportuno", ha indicado Baena.
Asimismo, los magistrados han acordado que las casas prefabricadas se consideren como construcciones a efectos penales, porque según Baena, "causan el mismo daño".
El presidente de la Audiencia ha informado de que tras estos acuerdos se abordarán algunos recursos de los juzgados de lo Penal sobre temas de ordenación del territorio.
EL pasado año, la Audiencia Provincial de Córdoba ya ratificó la sentencia del juzgado de lo Penal número uno en la que se condenaba al promotor de cinco viviendas y una piscina a un año y ocho meses de prisión y a demoler lo construido, lo que suponía la primera decisión de este tipo que se adoptaba en la provincia.
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