Madrid.- La Audiencia Nacional ha denegado la demanda de la Generalitat de paralizar, con carácter cautelar, las obras de la desalinizadora de Torrevieja (Alicante), ha informado hoy el Ministerio de Medio Ambiente en un comunicado.
El auto, dictado el pasado 31 de enero, señala que "el interés público que se pretende con la construcción de la planta desalinizadora ha de prevalecer respecto de los intereses particulares" de la Generalitat.
El Gobierno regional presentó un recurso contencioso-administrativo contra el proyecto constructivo alegando motivos medioambientales y pidiendo la adopción de medidas cautelares de suspensión de las obras.
La Audiencia asegura, entre otros argumentos, que "no existen derechos o intereses legítimos de la entidad autora (la Generalitat) necesitados de protección provisional".
Según el Ministerio de Medio Ambiente, la decisión de la Audiencia Nacional "se suma a otras dos importantes sentencias favorables" a la construcción de la desalinizadora, como son la del Tribunal Constitucional, que rechazó también la suspensión cautelar de las obras, y la de la Comisión Europea, que no admitió a trámite una queja presentada por la Generalitat.
"Con ello, la Generalitat Valenciana ha cosechado ya, en su estrategia de entorpecer el desarrollo de esta importante infraestructura hidráulica, tres derrotas sucesivas ante los tribunales", añade el comunicado.
En el auto, la Audiencia Nacional rechaza la suspensión de las obras, en la medida en que "la Generalitat Valenciana, contrariamente a lo que invoca en su escrito, no acredita (-) los daños y perjuicios que alega".
Estos supuestos daños, señala la resolución judicial, son de carácter medioambiental y "se contradicen con la Declaración de Impacto Ambiental que, en sentido favorable a la ejecución del proyecto de construcción de la planta desalinizadora, consta emitida con fecha 13 de marzo de 2006".
El auto concluye que "el interés público que se pretende con la construcción de la planta desalinizadora, interés público que, esencialmente consiste en garantizar los regadíos del Trasvase Tajo-Segura, ha de prevalecer respecto de los intereses particulares de la entidad autonómica".
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