Zaragoza.- El pleno de las Cortes rechazó hoy pedir la destitución del consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Alberto Larraz, que el PP pidió por presuntas falsedades y desajustes en la financiación del Plan de Depuración, y que el propio consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, rechazó tajantemente.
Marcelino Iglesias (i) y Jose Angel Biel (d), presidente y vicepresidente del Gobierno aragonés, respectivamente, conversan durante el Pleno de las Cortes.
En la proposición no de ley, el PP, que sólo logró concitar la abstención del IU y CHA frente al rechazo de PSOE y PAR, instaba al presidente aragonés, Marcelino Iglesias, a destituir a Larraz por la conducta mantenida respecto a la transparencia en la información y más concretamente en lo que afecta al Plan de Depuración de Aragón, así como por su actitud en la sesión plenaria del 14 de diciembre.
El diputado popular Eloy Suárez enumeró las tres razones por las que pidió la destitución de Larraz: por la existencia de informes que cuestionan la financiación del Plan de Depuración y cuya existencia negó el consejero, por la constante negativa a proporcionar información a la Cámara y por la actitud que mantuvo en un debate en el pleno de las Cortes sobre este asunto.
Eloy Suárez insistió en que Larraz "mintió" a la Cámara al negar la existencia de unos informes que publicó un medio de comunicación aragonés hace un par de meses.
"¿A alguien le cabe en la cabeza que no existan esos informes tratándose de una inversión tan importante?" se preguntó el diputado, quien criticó la falta de transparencia, la opacidad y la política de ocultación que ejerce a su juicio el Gobierno de Aragón y quien dudó de que Larraz no vaya a volver a mentir.
Boné hizo uso del reglamento para defender la actuación de Larraz (de viaje fuera de España) y explicó los pormenores de la financiación del Plan de Depuración, basada en los conceptos europeos de que "quien contamina, paga" y de "recuperación de costes", lo que significa que son los ciudadanos que contaminan quienes asumen el coste de depurar las aguas.
Así, se hizo una simulación del canon de depuración que los aragoneses deben de pagar para asumir la construcción de las depuradoras y su mantenimiento, que asciende a 3.000 millones de euros, pero no descartó que haya que modificar la cantidad fijada, con la que por otro lado se pretende que el Plan acumule un superávit de 500 millones de euros para hacer frente a imprevistos.
La información sobre todo este proceso es "transparente" y está a disposición de los grupos, dijo Boné a Suárez, a quien le instó también a abandonar la "cantinela del oscurantismo" de este Gobierno.
El socialista Carlos Tomás consideró "intolerable" que con la "excusa" de un problema de financiación se acabe pidiendo la destitución de un consejero, y Ana De Salas (PAR) defendió la disposición de Larraz a hablar de un plan que incluye 171 obras (todas en marcha, bien ejecutadas, adjudicadas o licitadas) y que coloca a Aragón "en la vanguardia de las políticas medioambientales".
El diputado de CHA Chesús Yuste centró la cuestión en la incógnita de si el Plan se podrá sufragar sólo con las aportaciones del canon o si generará déficit, cuando el Gobierno de Aragón "siempre" ha defendido su viabilidad.
En este sentido, y aún estando de acuerdo con las acusaciones de falta de transparencia, explicó que le merecen "la misma credibilidad" el consejero cuando negó que existían estos informes y el medio de comunicación que habló de ellos, el Heraldo de Aragón.
No obstante, reconoció el tono "prepotente", "altivo" y altanero que es "habitual" en el consejero, cuya destitución no apoyó, lo que no significa, según dijo, que CHA le exonera de responsabilidad en cuanto a la falta de información al Parlamento.
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