Santiago de Chile.- El Transantiago, el sistema de transporte público de la capital chilena, cumple mañana un año desde su puesta en marcha, tiempo durante el cual se le han colocado varios parches para remendar un pésimo funcionamiento que ha causado la indignación de miles de usuarios.
Pasajeros viajan en uno de los buses de pasajeros del sistema Transantiago, en la capital chilena.
El que debía ser el gran proyecto en materia de infraestructuras de la legislatura de la presidenta socialista Michelle Bachelet pronto se convirtió en su talón de Aquiles, erosionando al Ejecutivo y la figura de Bachelet, que consumó un descenso del once por ciento en las encuestas de popularidad.
"Lo peor del 2007, Transantiago. No me cabe la menor duda. El mayor error es el Transantiago", afirmó recientemente de forma tajante la mandataria en una entrevista con un canal de televisión local.
Quien también asumió su parte de culpa en el descalabro general en que se convirtió el Transantiago fue el ex presidente de Chile Ricardo Lagos Escobar, bajo cuyo mandato fue planificado el nuevo sistema de transporte público.
"Reconozco con dolor que el Transantiago ha ocasionado, en esta primera etapa, perjuicios, molestias y sufrimientos a mucha gente, particularmente a las familias más modestas", dijo Lagos después que la Cámara de Diputados aprobó un informe que lo responsabilizaba del fracaso del sistema.
De la noche a la mañana los seis millones de santiaguinos vieron cómo se sustituyeron viejos autobuses, que peleaban entre ellos por conseguir viajeros, por el Transantiago, un sistema que combina con una tarjeta magnética el pasaje en modernos autobuses y el metro.
Desde un buen inicio se vio que el Transantiago no funcionaba. Improvisación, falta de información, nuevos recorridos, bajas frecuencias y la ausencia absoluta de microbuses en algunos barrios derivaron en un caos absoluto.
Las protestas no tardaron en aparecer. Manifestaciones, cortes de tráfico y fogatas y barricadas en algunos barrios periféricos exteriorizaron la indignación y el descontento de los santiaguinos.
Un grupo de 900 personas incluso presentó una demanda colectiva contra el Estado chileno por unos 18.000 millones de pesos (34 millones de dólares) debido al empeoramiento de sus vidas por la "caótica" implementación del Transantiago.
La nueva situación tampoco tardó en cobrarse las primeras víctimas políticas. El escándalo del Transantiago precipitó el relevo de cuatro ministros del Ejecutivo de la Concertación, entre ellos el de Transportes, Sergio Espejo.
En el plano económico, el despliegue del Transantiago y los posteriores parches que requirió tuvieron un efecto directo en las arcas del Estado.
Así, por ejemplo, el Gobierno debió rápidamente contratar microbuses antiguos para aliviar la situación, al tiempo que debió clonar el recorrido del ferrocarril metropolitano, columna vertebral del polémico Trasantiago, luego que este medio de transporte colapsó.
Los directivos del Metro debieron agregar nuevos carros a los vagones, quitarles asientos a varios de ellos para ingresar más pasajeros y aumentar las frecuencias al máximo.
La puesta en marcha del Transantiago tuvo un coste superior a los 2.000 millones de dólares, tras lo que el Parlamento chileno aprobó una nueva inyección de capital de 290 millones de dólares.
En septiembre del año pasado, y con votos de senadores oficialistas, el Senado rechazó el presupuesto de 90 millones de dólares requeridos por el Gobierno para cubrir el déficit del Transantiago para el 2008.
No obstante, el Gobierno decidió pedir un préstamo de 160 millones de dólares al estatal Banco del Estado, suma que le permitirá la financiación del sistema de transportes hasta abril de este año.
Ante el primer aniversario del Transantiago, la batalla política y los reproches volvieron a salir a la palestra.
El ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, reconoció recientemente que el desastre del Transantiago le ha costado al Gobierno "una alta credibilidad" con la ciudadanía, y añadió que "ha sido uno de los tropiezos más grandes" que ha padecido la Concertación, coalición que gobierna el país desde 1990.
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