Madrid.- El Gobierno ha establecido hoy en el Consejo de Ministros que tiene legitimidad para regular ayudas a los jóvenes en materia de vivienda a pesar de las competencias exclusivas que las comunidades autónomas ostentan en este ámbito.
Para el Ejecutivo central, según los acuerdos adoptados, "resulta patente su legitimidad" en dicha materia debido a la "necesidad de garantizar" que todos los ciudadanos disfruten de las mismas posibilidades para acceder a una vivienda, al margen de la comunidad autónoma en la que residan.
De esta forma responde el Gobierno central a los requerimientos de incompetencia que sobre esta cuestión habían formulado las Comunidades de Madrid, Comunidad Valenciana y La Rioja, todas ellas con el PP al frente sus respectivos Ejecutivos.
El Real Decreto sobre la renta de emancipación destinada a los jóvenes entró en vigor el pasado 1 de enero.
Entre otras medidas, permitía a las personas entre 22 y 30 años disponer de 210 euros mensuales durante un máximo de cuatro años para contratar el alquiler de una vivienda.
Pero la Comunidad de Madrid solicitó la derogación del Real Decreto al estimar que vulnera sus competencias "exclusivas".
Para el Ejecutivo madrileño, la medida del Ministerio de Vivienda incurre en una "extralimitación de las competencias estatales".
El Gobierno riojano aduce los mismos motivos para pedir la anulación, si bien añade que su autonomía financiera, con la entrada en vigor de la medida, queda "lesionada".
La Rioja advierte al Ejecutivo central que si no atiende su requerimiento, planteará el conflicto ante el Tribunal Constitucional.
La Comunidad Valenciana menciona estas mismas razones para solicitar la anulación del Real Decreto.
El Gobierno central, en su contestación, recuerda la doctrina del TC, en concreto una sentencia de 1988, y señala que "la ordenación general de la economía hace posible la intervención del Estado a través de medidas económicas en sectores materialmente atribuidos a la competencia de las Comunidades Autónomas".
A juicio del Ejecutivo central, dicha sentencia "legitima la intervención estatal en el sector económico" de vivienda.
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