El ayuntamiento seguirá adelante con la ordenanza cívica para poder actuar

Zaragoza.-  El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza rechazó hoy, con el apoyo del equipo de Gobierno PSOE-PAR y del PP, paralizar la elaboración de la Ordenanza Cívica como proponían conjuntamente CHA e IU, por estimar que es la norma que permite a la autoridad poder actuar ante los problemas de convivencia.

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(EFE)

El consejero municipal de Presidencia, Fernando Gimeno.

El consejero municipal de Presidencia, Fernando Gimeno, advirtió que el Gobierno no ha aprobado ninguna ordenanza, sino que ha empezado a trabajar sobre un documento técnico que "conoce toda la ciudadanía" y que ha supuesto el inicio de un debate.

Según Gimeno, el objetivo de esta normativa es "resolver problemas concretos que sí que existen" y recordó que las normas sancionadoras son del año 81 y 86 y "sólo sancionan con 25.000 pesetas (150 euros) el destrozo en el mobiliario urbano".

Puso también como ejemplo el caso de las defecaciones de perros, ante las que "no se puede hacer nada", al igual que cuando se insulta a un inmigrante porque el derecho administrativo sancionador exige una tipificación de todos los hechos.

El representante del equipo de Gobierno aseguró la voluntad de "ponernos de acuerdo con toda la ciudadanía, pero también de ponernos de acuerdo para adecuarnos a los tiempos actuales, poder actuar y resolver problemas concretos que actualmente no somos capaces de resolver".

Manuel Medrano, del PP, estimó que lo que procede es la aplicación de la normativa existente y llevar a cabo su actualización y optimización en su caso, si bien, rechazó apoyar la moción.

La concejala de CHA Carmen Gallego subrayó que antes de aprobar una ordenanza cívica sería necesario conocer datos de los informes que emanan de la policía y los informes jurídicos sobre las ordenanzas que regulan la estancia en los espacios públicos, cómo se han tramitado las denuncias y el grado de cumplimiento de la normativa existente para ver si es preciso actualizarla.

Gallego abogó por regular con medidas punitivas pero también educadoras.

Por su parte, Elena Allué, del PAR, indicó que la ordenanza va a poder regularizar las normas de convivencia que están generando problemas entre los vecinos porque "permitiría una respuesta a estos comportamientos incívicos", aunque se mostró partidario de hacer una llamada a la participación.

El concejal de IU, José Manuel Alonso, advirtió que la mayoría de las nuevas conductas que regula la nueva ordenanza ya están recogidas en la normativa vigente, aunque sería necesario mejorar los sistemas de gestión.

Criticó que se intente "arrastrar a la ciudadanía a una falsa ilusión de que con esta normativa se resolverán todos los problemas" y resaltó que la convivencia necesita "una respuesta integral en la que los acuerdos de los ciudadanos tengan un papel central".

El presidente de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, Miguel Ángel Mallén, intervino en el pleno para manifestar la preocupación de la entidad por el "segundo intento" del Ayuntamiento por una ordenanza que en algunos puntos "conculca derechos fundamentales" e incluso "criminaliza a las personas más desfavorecidas", "no favorece la convivencia entre los vecinos porque no aporta soluciones para ellos" y "persigue las actividades sociales y políticas".

Mallén, quien consideró que "no se pueden crear más leyes para cubrir vacíos de las actuales", estimó por ejemplo que "no se puede dejar en manos de la policía la valoración y sanción de los hechos" sino que las fuerzas de seguridad "deben estar al servicio de los ciudadanos y no para castigar".

Aunque todos los grupos se mostraron de acuerdo en continuar con la Feria "Amostranza", una Feria que sirvió para dar a conocer la pluralidad cultural tradicional (y no sólo lingüística) de Aragón, entendiéndola como un valor en sí misma, apuntó CHA, el pleno rechazó una moción de este grupo a favor de la cultura aragonesa.

La razón, porque pretendía que el Ayuntamiento recuperara la política de reconocimiento y uso de la lengua aragonesa en publicaciones, cartelería y actividades realizadas por organismos municipales, ya que, según recordó Elena Allué, es mejor esperar a que se apruebe la ley de Lenguas precisamente por la pluralidad lingüística de la región.