Las FARC reivindican beligerancia y acusan a Uribe de entorpecer la liberación de las secuestradas

Bogotá.-  Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) acusaron al presidente Álvaro Uribe de hacer "lo imposible" por impedir la liberación de dos secuestradas, en una entrevista publicada hoy en la que se autodefinen como "fuerzas beligerantes".

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(EFE)

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) acusaron al presidente Álvaro Uribe de hacer "lo imposible" por impedir la liberación de dos secuestradas.

En declaraciones al semanario comunista colombiano "Voz", Luis Edgar Devia, alias "Raúl Reyes", portavoz internacional de las FARC, recalcó que cualquier negociación para lograr un acuerdo humanitario exige la desmilitarización de dos municipios, algo a lo que el Gobierno de Uribe se niega.

Reyea se refirió a la petición del presidente de Venezuela de sacar a las FARC y al Ejercito de Liberación Nacional (ELN) de las listas de grupos terroristas y reconocerles "estatus de beligerancia", que ha sido rechazada ya por la Unión Europea y Estados Unidos y ha recabado escaso apoyo en otros países.

"De hecho las FARC son una fuerza beligerante, reconocida por anteriores gobiernos de Colombia y del mundo. Basta con recordar el grupo de los diez países facilitadores que lo hicieron en representación de más de 30 gobiernos que apoyaron los diálogos con el gobierno" de Andrés Pastrana (1998-2002), dijo.

Según del cabecilla de las FARC, "el fracaso de Uribe en su guerra contra las FARC es comparable al indiscutible fracaso en Irak" del presidente de EE.UU., George W. Bush.

Como un "desagravio" al presidente venezolano, Hugo Chávez, a quien Uribe cesó como mediador en el conflicto colombiano en noviembre, la FARC liberaron el 10 de enero a las políticas Clara Rojas, secuestrada en febrero de 2002, y Consuelo González de Perdomo, cautiva desde septiembre de 2001.

Ambas fueron entregadas a delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja y del gobierno de Venezuela en la región colombiana del Guaviare (sureste), luego de un intento fallido de liberación a finales del 2007.

Reyes afirmó que Uribe "hizo cuanto pudo por obstruir la liberación" de Rojas y González para "demostrar ante el mundo las supuestas mentiras y engaños de las FARC".

"Fue imposible entregar a las doctoras Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo antes del 31 de diciembre, como era nuestro deseo, por causa de los cruentos bombardeos y ametrallamientos perpetrados por las tropas del gobierno de Álvaro Uribe", señaló.

El rebelde calificó al mandatario de "enemigo acérrimo del canje humanitario y de las salidas políticas al conflicto interno de los colombianos, que deliberadamente niega".

Las FARC habían prometido el 18 de diciembre liberar a las dos rehenes y a Emmanuel, el niño que Clara Rojas tuvo con un guerrillero hace mas de tres años.

Uribe denunció el 31 de diciembre que las FARC incumplían la entrega porque el niño no estaba en su poder, sino en manos de un organismo estatal de protección infantil que asumió su custodia al encontrarlo en malas condiciones de salud.

"Para las FARC lo más importante era cumplir con éxito la oferta de entregar las retenidas al Presidente Hugo Chávez y la senadora Piedad Córdoba, sin descuidar la protección de las vidas de los rehenes, afirmó "Reyes".

El portavoz de las FARC destacó el "sincero empeño" de Chávez "por aportar a la liberación de los prisioneros" y denunció que Uribe empleo una "artimaña",pues, según dijo, "incrementó las operaciones militares por tierra, agua y aire por donde calculaba se desplazaba la comisión guerrillera encargada de entregar" a los secuestrados.

Según el portavoz de las FARC, el niño de Clara Rojas fue separado de su madre para evitar que sufriera "las inclemencias de la confrontación armada, donde no siempre se dispone de alimentos, medicinas y atención médica adecuada".

"Reyes" volvió a pedir la desmilitarización de los municipios de Florida y Pradera (en el suroeste de Colombia) como condición para aceptar el acuerdo humanitario por el que las FARC liberarían a 44 políticos, soldados, policías y estadounidenses y el Estado dejaría libres a medio millar de guerrilleros presos.