"Lo siento, no puedo darle esa información"

España es uno de los pocos estados de Europa que no tiene una ley específica reguladora del derecho del acceso a la información, por detrás de países como Rumanía, Armenia o Bulgaria. Aunque el programa electoral del PSOE recogía el compromiso de elaborar esta ley, llegado el final de la legislatura, el Gobierno no ha cumplido con esta promesa.

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"En España es más fácil saber dónde va a cenar el Príncipe de Asturias que cuántos aviones aterrizan en un día determinado en el aeropuerto de Barajas. Eso no es un secreto de Estado, pero la opacidad de las instituciones es tal que es imposible acceder a la información», se queja la periodista Soledad Gallego Díaz. «Eso es una traba importantísima a nuestro trabajo y una carencia que se refleja en la calidad de las noticias que producimos".

En la misma línea se expresa Martin Dahms, corresponsal decano en España del rotativo alemán Frankfurter Rundschau: "Como norma general, en España todo se considera información reservada, por si acaso. Excepcionalmente, se decide desvelar ciertos datos. Pero la actitud debería ser justamente la contraria. Las instituciones públicas están ahí para servir al público, que las financia con impuestos. Lo que pase en un Gobierno democráticamente elegido no puede ser reservado, salvo pocas excepciones".

Los periodistas no piden un trato especial. El derecho a la información afecta a cualquier ciudadano; es un derecho humano reconocido por ley internacional y por muchas constituciones nacionales alrededor del mundo.

En el año 2002, el Consejo de Europa recomendó a sus estados miembros que adoptaran leyes de acceso a la información que asegurasen la transparencia de las administraciones públicas. Sin embargo, el gobierno de Zapatero admitió recientemente ante la OSCE que España no cuenta con ninguna norma específica que garantice ese derecho. Eso coloca a España, junto a Grecia, como únicos países de la UE con más de un millón de habitantes que no han legislado sobre esta cuestión.

La situación en otros países europeos

El impacto de esa carencia sobre la sociedad española es clara. En la mayoría de los países europeos, cualquier ciudadano puede solicitar con una simple llamada de teléfono que se le remita, por ejemplo, un listado de todos los contratos realizados por un organismo público durante un periodo de tiempo determinado y la administración tiene la obligación de contestar de forma inmediata en un plazo no superior a 14 días de media.

Suecia es el país que cuenta con la ley más antigua -reconoció este derecho en 1766- y una de las más avanzadas en grado de transparencia y eficacia. Los ciudadanos suecos tienen acceso a la correspondencia oficial del Primer Ministro y las consultas del público deben tener respuesta sin demora por parte de la administración, de uno o dos días en la mayoría de los casos.

"En muchos países de la UE, los solicitantes de información pueden realizar estas peticiones de forma oral o escrita, simplemente indicando su nombre, dirección y la información que desean, sin necesidad de justificar en ningún momento- como sí sucede en España- la finalidad para la que solicita la información o el uso que se le va a dar a la misma", explica Eva Moraga, abogada y coordinadora de la Coalición Pro Acceso , una plataforma de 18 organizaciones que defienden la necesidad de articular una vía legal que reconozca el derecho de acceso a la información en España.

El hándicap de la burocracia

Aunque España tiene algunas provisiones en su ley administrativa sobre acceso a la información, éstas tienen muchas limitaciones como la necesidad de justificar solicitudes, plazos muy largos y un alcance muy restrictivo en términos de entidades y de la naturaleza de la información que puede ser solicitada.

"Nosotros reclamamos una ley en la misma línea que la que disfrutan países de nuestro entorno: derecho de acceso sobre toda la información en mano de todos los poderes públicos y un procedimiento sencillo, rápido y gratuito para los solicitantes", señala.

Introducir una legislación en España ayudaría a forzar lo que muchos consideran un necesario cambio de mentalidad. «Aquí el funcionario se cree que la información es suya y de su jefe. Es necesario que los funcionarios entiendan y acepten que la información no es propiedad del que la tiene, sino un derecho del individuo», señala Soledad Gallego Díaz.

"También está la práctica de negar información recurriendo a la excusa de la seguridad nacional, cuando en realidad se están encubriendo intereses políticos de partidos, individuos u órganos oficiales", agrega.

Martin Dahms opina que el problema se debe en parte a una cultura de miedo a asumir responsabilidades. «La típica reacción en el departamento de prensa de cualquier ministerio español es decir: 'ah, nosotros no somos responsables de eso'. Suenan casi aliviados. Pero la persona responsable nunca aparece. Siempre está reunida, o tomando café, o lo que sea y es muy difícil que nadie te dé la información que pides», señala.

"Mis preguntas suelen ser generales: sobre leyes, sobre datos que muchas veces ya están en el dominio público. Pero en las instituciones públicas en España, y en los departamentos de prensa, no existe ese concepto de que tenemos que estar encima de todos los temas que nos corresponden y facilitar esa información. Falta educar a los funcionarios en el concepto de cómo se informa".

Otra limitación destacada es que España no cuenta con ningún órgano público para proteger este derecho, frente a países como Alemania, Eslovenia, Francia o Macedonia que cuentan con Comisionados de Información, que funcionan como órganos rectores independientes.

Pero es muy probable que la situación tenga que cambiar, como adelanta Helen Darbishire, Directora de Access Info Europe. "El Consejo de Europa está desarrollando una convención sobre acceso a los documentos públicos que se calcula estará lista para el 2009. La expectativa es que España como miembro del Consejo la ratifique y, en ese caso, tendría valor vinculante para el país".

La Constitución española, según indica el Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense, Manuel Sánchez de Diego, contiene la semilla «para defender este derecho fundamental, pero hace falta la voluntad para desarrollarlo» apoyándose en la ley fundamental pero también en los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por España a este respecto.