El Episcopado colombiano presenta a las FARC una propuesta de "zona de encuentro" para negociar

Bogotá.-  La Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) reveló hoy que dio un paso hacia la búsqueda de un acuerdo humanitario para solucionar el drama de los secuestrados al presentar a las FARC una propuesta de "zona de encuentro" para negociar.

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(EFE)

El presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Luis Augusto Castro. La Iglesia ya tomó contacto con las FARC para gestionar la "zona de encuentro" para la negociación de un acuerdo humanitario sobre secuestrados.

"Hemos tomado contacto con ellos (los rebeldes)", reveló el presidente de la CEC, el arzobispo de Tunja, Luis Augusto Castro, quien el mes pasado obtuvo el respaldo del presidente colombiano, Álvaro Uribe, a una iniciativa para encontrar una sede de negociación.

Según Castro, "todo lo demás lo estamos llevando adelante en una discreción que es fundamental en estos casos", aunque subrayó: "Lo que podemos decir es que estamos trabajando con mucho entusiasmo, con mucho interés".

Al mismo tiempo, Uribe dijo hoy que está dispuesto a que se cree una comisión humanitaria para tratar de prestar asistencia médica a los secuestrados, quienes en cartas divulgadas ayer como pruebas de supervivencia relataron las precarias condiciones de salud en las que se encuentran desde hace años en la selva.

El presidente aceptó el pasado 7 de diciembre el establecimiento de una "zona de encuentro" en la que su Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) puedan gestionar el acuerdo al que esta guerrilla supedita la puesta en libertad de 44 cautivos que pretende canjear por unos 500 rebeldes presos.

La zona "debe ser de alrededor de 150 kilómetros cuadrados, en zona rural, donde no haya puestos militares ni policivos que sea necesario remover, preferiblemente sin población civil o con muy poca población", según las condiciones impuestas entonces por el gobernante.

El presidente aclaró que dicho territorio debe contar con observadores internacionales y que los delegados de la guerrilla en la negociación "no deberían estar armados".

Con su propuesta, la CEC busca que el Gobierno y las FARC superen el obstáculo básico que les ha impedido asumir la negociación del acuerdo, y que se deriva de la negativa del primero a desmilitarizar el territorio que para el mismo efecto exige la guerrilla.

Los guerrilleros insisten en la retirada de tropas de Florida y Pradera, localidades cercanas a Cali, en el departamento del Valle (suroeste) y con un territorio conjunto de poco más de 800 kilómetros cuadrados, lo que Uribe no acepta.

El presidente de la Conferencia Episcopal informó del avance de la intermediación al término de un encuentro con el Consejo Gremial Nacional, que reúne a las asociaciones empresariales colombianas.

El secretario general del Episcopado, Fabián Marulanda, acompañó en esta reunión al arzobispo de Tunja, quien en el pasado ha cumplido un importante papel en acercamientos con las FARC.

Castro sugirió que los empresarios también ofrecieron su apoyo a la iniciativa eclesiástica.

"Nos sentimos muy agradecidos por el apoyo que nos están dando para que esta propuesta salga adelante", afirmó el jerarca católico, cuyas declaraciones coincidieron con unas de Uribe relacionadas con la búsqueda de una fórmula que permita prestarles asistencia médica a los secuestrados por las FARC.

La necesidad urgente de esta asistencia se hizo evidente con la divulgación de las pruebas de vida de ocho secuestrados que entregó el lunes a sus familiares en Bogotá la ex congresista Consuelo González de Perdomo, liberada por la guerrilla el pasado 10 de enero junto a la ex candidata a la Vicepresidencia Clara Rojas.

"Más que pruebas de supervivencia son pruebas de tortura", declaró Uribe al aludir a las cadenas que llevan de manera permanente los militares y policías cautivos, y el mal estado de salud de los rehenes.

El gobernante dijo hoy que, ante esta situación, "estamos examinando cómo puede haber la viabilidad de esa comisión (médica) para que entre a cumplir esa tarea de apoyar a los secuestrados para que no continúe el deterioro de su salud".

El arzobispo Castro coincidió en la urgencia de esta misión, que podría llevar a cabo el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), y que fue solicitada antes por el Episcopado, el Gobierno y distintos sectores.