Gijón.- El vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, ha afirmado hoy que el Estado debería plantear la asignatura de Educación para la Ciudadanía como una opción porque, a su juicio, se está imponiendo una formación moral y transgrediendo derechos fundamentales.
El arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares durante su intervención en el acto litúrgico "Por la familia cristiana", que convocó en la madrileña Plaza de Colón a miles de personas.
Cañizares ha ofrecido una rueda de prensa antes de participar en el ciclo Educación para la Ciudadanía en el Ateneo Jovellanos de Gijón, en la que ha acusado al Estado de inmiscuirse en competencias que no le corresponden al convertirse en formador de la conciencia moral.
Para el cardenal primado de Toledo, esta asignatura supone una "transgresión" porque transmite una concepción concreta del hombre que los cristianos no pueden aceptar porque plantea una visión en la que "Dios no cuenta" y que además está inspirada en un "laicismo radical".
Asimismo, ha añadido que esta materia traslada una percepción en la que no hay nada bueno ni malo en sí mismo, sino que todo queda sujeto a la decisión del hombre.
Preguntado sobre el auto del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que levanta cautelarmente la obligatoriedad de acudir a clase de Educación para la Ciudadanía a uno de los alumnos que objetaron contra la asignatura, ha considerado que se trata de "un paso adelante e importante para dilucidar lo que esta materia comporta y las posibles transgresiones jurídicas".
Sobre el hecho de que en los colegios diocesanos también se esté impartiendo esta asignatura, se ha remitido a la comunidad a la que pertenece, Toledo, y ha asegurado que los centros educativos de la región que dependen de los obispos no van a aceptar una materia que lesiona el derecho de los padres a la formación moral de sus hijos.
Para Cañizares, el problema radica en que Educación para la Ciudadanía se rige por unos reales decretos de enseñanzas mínimas, lo que implica la obligatoriedad.
Ante esta situación, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal ha descartado la desobediencia civil, pero ha añadido que "tampoco se puede poner una ley que esté por encima de los derechos humanos".
Por tanto, ha opinado que la única vía para recuperar el equilibrio sería la retirada de los reales decretos mencionados y desarrollar otros que respeten los derechos de los padres, de los centros educativos y de los profesores.
Cuestionado sobre la posibilidad de llevar a cabo movilizaciones contra la asignatura, Cañizares ha declarado que por esa vía "no se soluciona nada" y ha apostado por el empleo de cauces jurídicos y por el diálogo.
Por otro lado, ha destacado que la Iglesia no entra en la "batalla política", que su postura no tiene que ver con las afirmaciones de los partidos y ha asegurado que tampoco se pretende ir en contra del Gobierno.
Se trata, ha precisado, de defender unos derechos fundamentales antes una imposición de una determinada concepción del hombre y de la moral que plantea, además, un pensamiento único.
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