Los empresarios creen que la ecociudad es una estrategia para burlar la legalidad

Logroño.-  La Asociación de Empresarios de Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR) sostiene que la propuesta del Gobierno regional sobre ecociudad es "una estrategia para burlar la legalidad vigente, para buscar réditos políticos y para favorecer determinados intereses".

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(EFE)

Imagen del ex-alcalde de Logroño, Julio Revuelta.

La CPAR, en un comunicado, ha advertido hoy sobre "el engaño que supone el anuncio periodístico hecho por el presidente de La Rioja -Pedro Sanz- de sacar adelante un proyecto de ecociudad, sin previa publicación en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR), como es preceptivo".

Las ecociudades son "desarrollos urbanísticos de determinados planes parciales o sectores de las ciudades en los que, más como argumento de venta o para la obtención de las correspondientes licencias urbanísticas que como efectividad práctica, se incluyen determinados aspectos", ha subrayado.

Entre esos aspectos ha citado el empleo de materiales sostenibles, sistemas de ahorro de energía, como placas solares; y "pocas cosas más, que pretenden adornar unas determinadas viviendas".

La CPAR cree que, "tanto en las ecociudades como en los desarrollos urbanísticos normales, cada vez más van incorporando este tipo de elementos, fundamentalmente, porque lo exige la legislación"; además de que todas las viviendas iniciadas hace un par de años ya recogen la eficiencia energética.

Ha afirmado que "lo que subyace detrás del invento de la ecociudad es la guerra que mantienen el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño por el desarrollo urbanístico del Plan General", que, ha recordado, "enfrentó al antiguo alcalde Julio Revuelta con la consejera Aranzazu Vallejo, asunto que todavía está en los tribunales y que ya veremos cómo acaba".

La CPAR ha aludido a que "se sabe que el Gobierno de La Rioja se va a cargar literalmente en la Comisión de Urbanismo cualquier iniciativa de desarrollo de nuevos sectores en Logroño. Se la cargó cuando eran del mismo color político, imagínense ahora".

Ha detallado que "la excusa para no parar del todo el sector de la construcción y permitir que se sigan haciendo algunas viviendas protegidas es sacar adelante el proyecto de ecociudad".

Para ello, ha subrayado, "se ponen caramelos 'muy dulces' para que la iniciativa privada presente no una, sino seis, siete o más proyectos de ecociudad" y "se flexibilizan enormemente los trámites administrativos, se da el doble de edificabilidad que habitualmente y se permite la presentación propuestas en cualquier tipo de suelo, aunque sea rústico".

"Lo que el Gobierno de La Rioja está haciendo con este invento de la ecociudad es burlar la legalidad vigente porque propone desarrollos urbanísticos en suelo rústico o suelo no urbanizable cuando la Ley del Suelo no lo permite y porque las ecociudades no tiene porqué estar calificadas como de interés supramunicipal", ha insistido.

La CPAR ha precisado que "lo que el Gobierno tiene que hacer es dejar que el Plan General de Logroño, con las 10.000 viviendas previstas, que está vigente, se desarrolle, que para eso está aprobado hace muchos años".

Ha añadido que "las ecociudades se pueden hacer en cualquiera de los sectores de suelo urbanizable que tiene Logroño, que es, además, donde hacen faltan las viviendas".

Por ello, "no hay que buscar inventos para llevarse a los ciudadanos de Logroño a vivir al pueblo de al lado porque en Logroño no se puedan hacer viviendas protegidas", ha puntualizado esta Asociación, que garantiza que las empresas integradas en la misma hacen una ecociudad en cualquiera de esos sectores ya calificados.

También ha indicado que "si el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño no se ponen de acuerdo para dejar que la legalidad se cumpla, habrá que tomar cartas en el asunto".

Ha recordado que en el Plan General de Logroño se cita que la iniciativa privada puede promover el desarrollo de los sectores cumpliendo unos requisitos.

"La iniciativa privada ya presentó múltiples propuestas hace diez meses, cosa que parece ser que a nuestros políticos se les ha olvidado. Lo que han de hacer es tramitarlos, es su obligación legal", ha concretado.

Ha detallado que, "de lo contrario, alguien con responsabilidades políticas en el Ayuntamiento de Logroño o en el Gobierno de La Rioja estará haciendo o dictando una resolución injusta, que está afectando gravemente no sólo a los intereses económicos empresariales, sino también al empleo en el sector, a la economía de la región y a los ciudadanos y futuros compradores".