Valencia.- La Comunitat Valenciana ha registrado en el último año unos 600 incidentes y actividades de racismo e intolerancia, según indica el informe especial Raxen de Movimiento contra la Intolerancia, cuyo portavoz, Estaban Ibarra, ha asegurado hoy que se trata del "mayor número" de casos en toda España.
Imagen de varios manifestantes de corte fascista y neonazi en una manifestación convocada por el partido ultraderechista España 2000 bajo el lema "En España los españoles primero: contra la inmigración ilegal y en defensa de nuestros derechos".
Así lo ha indicado durante la presentación del colectivo "Acció Popular Contra la Impunitat", formado por partidos políticos, ayuntamientos, colectivos sociales y ONG para personarse jurídicamente en procesos abiertos por este tipo de acciones delictivas.
Esta agrupación ya ha solicitado su personación en la causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 20 de Valencia tras la operación "Panzer", llevada a cabo por la Guardia Civil en 2005 para desmantelar un grupo neonazi.
Esta actuación se saldó con 22 detenidos, y según ha informado este colectivo, actualmente hay 27 imputados por los delitos de los delitos de asociación ilícita; tenencia, tráfico y depósito de armas y municiones, robo y delitos contra la salud pública.
Según ha explicado Estaban Iborra, la Comunitat Valencia es la autonomía que más incidentes de este tipo registró en 2006, la mayor parte de ellos en municipios de la provincia de Valencia.
Iborra cree que no se trata de "hechos aislados", sino que esta cifra "prueba que existe una estructura organizada que lleva a cabo acciones y que tiene como objetivo la anulación de los derechos de los colectivos más vulnerables".
La "ausencia de reconocimiento" por parte de la Delegación del Gobierno provoca una "doble victimización" al no adoptarse las medidas de protección necesarias, ha denunciado.
En su opinión, la situación requiere la creación de una fiscalía especializada en este tipo delitos en Valencia y que las instituciones públicas "reaccionen enérgicamente" y promueva la acción judicial.
Por su parte, el coordinador de Acció Cultural, Antoni Gisbert, acusó a la Delegación del Gobierno de "no proteger suficientemente" los derechos fundamentales, y al Gobierno valenciano de incitar "verbalmente" a la "extrema derecha" y al "anticatalanismo".
La intención del colectivo que se ha constituido hoy y del que forman parte, entre otros, Esquerra Unida, el Ayuntamiento de Silla, SOS Racisme e Intersindical Valenciana, es "pasar de la denuncia verbal a la personación judicial".
Causas como la operación "Panzer", la "mayor que se ha abierto en España por asociación ilícita", según asegura, y otras acciones llevadas a cabos por diferentes grupos, habrían sido calificadas como "terrorismo de baja intensidad en otras comunidades autónomas", si bien "aquí actúan con toda impunidad".
Gisbert considera que la situación "ha rebasado todas las líneas rojas", y que "cada vez es menos verbal y más física".
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