PP e IU fuerzan seguir tramitando la ley que incorpora H.Arriondas al SESPA

Oviedo.-  Los votos de PP e IU en la Junta General del Principado han permitido hoy que se siga tramitando la proposición de Ley que busca integrar en la red pública al Hospital Francisco Grande Covián, de Arriondas, una iniciativa que el Gobierno cree "una chapuza jurídica" y que posibilita a la plantilla del centro acceder a un empleo público "por la puerta de atrás".

El pleno de la Cámara ha aprobado considerar infundada la disconformidad expresada por el Gobierno con las enmiendas de IU a la iniciativa presentada por el PP de forma que el texto seguirá su trámite a pesar de la opinión en contra de los servicios jurídicos del Parlamento, que respaldaron el criterio del Ejecutivo.

Para el consejero de Salud, Ramón Quirós, PP e IU habían optado por "violentar" el Reglamento de la Cámara y por "saltarse" los informes de los servicios jurídicos del Parlamento en la tramitación de una iniciativa que supone además "un desprecio para quienes emplean su tiempo y su dinero en acceder a un empleo público".

No obstante, y a pesar de las críticas vertidas ayer contra IU por varios consejeros socialistas del Gobierno regional, el secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Javier Fernández, ha garantizado que la postura de la coalición "no afectará a la estabilidad" del Ejecutivo regional.

Según Fernández, la proposición de ley presentada por el PP es previa al acuerdo suscrito hace un año por el PSOE e IU, su tramitación se inició ya con la oposición de los socialistas y la "discrepancia" con la coalición en esta materia no fue incluida en el pacto de gobierno alcanzado entre ambas formaciones.

Durante el debate, el portavoz socialista, Fernando Lastra, ha advertido de que la futura normativa, en caso de que sea finalmente aprobada, arrastrará "unos vicios" con los que "no se puede ir a ningún sitio" y condena a los 300 trabajadores del Hospital Grande Covián a la "inseguridad" y la "incertidumbre".

Lastra ha subrayado que la tramitación del texto ha vulnerado el Reglamento de la Junta, lo cual es "motivo de inconstitucionalidad", y puede conllevar recursos ante los tribunales que pongan en peligro la continuidad de la actual plantilla del centro sanitario.

"El Gobierno es parlamentario, no cameral ni asambleario", ha indicado el portavoz socialista tras incidir en que ni el Parlamento ni el Ejecutivo pueden convertir por esta vía en empleados públicos a los trabajadores de una Fundación para los que el Gobierno preveía una solución mixta que permitiría su incorporación progresiva al SESPA con garantías jurídicas.

Para el diputado del PP Carlos Galcerán, las acusaciones de posible inconstitucionalidad y de ilegalidad de la iniciativa por parte del Gobierno han sido "penosas, patéticas y manifiestamente falaces" y responden a la actitud del Ejecutivo de poner "todas las trabas necesarias" a la incorporación del Hopistal de Arriondas a la red pública.

A su juicio, ante una propuesta "que nace de los ciudadanos, de los usuarios de los servicios sanitarios de la comarca occidental y que llega al Parlamento", el Gobierno ha optado "por el discurso del miedo" y ha considerado que si el Ejecutivo se opone a la medida respaldada por PP e IU "es porque quiere, no porque esté obligado".

En términos similares se ha expresado la diputada de IU Diana Camafeita, que ha calificado de "ruido" las acusaciones de inconstitucionalidad realizadas por el Ejecutivo que únicamente pretenden "generar incertidumbre entre los trabajadores de Arriondas y en el resto del personal del SESPA".

Camafetia ha incidido además en que esta incorporación del centro sanitario de referencia de la comarca oriental es fruto "de un extenso debate político, sindical y social", en el que Izquierda Unida siempre defendió la necesidad de que tuviese un modelo de gestión "análogo" al del resto de hospitales da red pública asturiana.