Sevilla.- El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero, ha asegurado hoy que, aunque quedan algunos temas por cerrar, se "puede deducir que está cerca" la firma del nuevo Acuerdo de Concertación Social.
El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero. EFE/Archivo
Herrero ha hecho esta aseveración en el Foro Joly, donde ha pronunciado una conferencia titulada "Reflexiones empresariales ante la crisis", durante la cual se ha referido a la negociación del VII Acuerdo de Concertación y se ha congratulado de que su propuesta de una Alianza Estratégica que fije las directrices de la economía regional a medio y largo plazo se haya incluido en la negociación.
"Tengo la certeza de que todas las partes hemos tenido la sensibilidad necesaria para consensuar esas medidas, que son de gran importancia ante la necesidad de sentar las bases de una economía andaluza próspera y competitiva", ha destacado Herrero, quien en el coloquio posterior ha insistido en que la firma del acuerdo está próxima, lo que no significa que "esté cerrado".
Respecto a la crisis económica, el también vicepresidente de la CEOE ha advertido de que existe "un claro riesgo" de que se reviertan algunos de los logros alcanzados en la última etapa, ya que los informes de distintas entidades apuntan a que la convergencia de Andalucía con la Unión Europea se ha "frenado".
A su juicio, el proyecto de Ley de Economía Sostenible no es suficiente para remediar la actual situación y, lo primero que se debe tener "meridianamente claro", es que si se pretenden cambiar los modelos productivos "hay que revisar" las estructuras del mercado de trabajo.
"Es evidente que el mercado de trabajo tiene distorsiones importantes que hay que determinar", ha opinado Herrero, quien se ha preguntado a continuación "por qué una reforma laboral ha de entenderse contra los intereses de los trabajadores y no a favor del desarrollo económico y del empleo".
A su juicio, hay que abordar "modificaciones sustanciales" de las condiciones laborales para poder hacer frente a problemas como el "enorme" absentismo que se produce, no sólo por las bajas laborales sino por los permisos retribuidos, y el gran diferencial de coste de la Seguridad Social respecto a la Unión Europea.
En este sentido, ha lamentado que se haya criticado a la patronal por haber planteado la "flexiseguridad", cuando "no hemos hecho otra cosa que reiterar los principios promovidos por la Comisión Europea y señalados como exitosos".
El presidente de la CEA ha recalcado que la necesidad de acuerdos entre los agentes económicos y sociales y el Gobierno no puede ser "excluyente" de la responsabilidad de nadie, por lo que "si no se llega a acuerdos, el Gobierno tiene la responsabilidad de resolver situaciones que promuevan el sostenimiento de la actividad empresarial y eviten más destrucción de empleo", ha advertido.
Tras criticar que se "demoniza" a la empresa como culpable de los males de la actual crisis, ha indicado que la sociedad "debe tener muy claro" que lo único que crea empleo es la empresa privada, por lo que "la solución está en un apoyo explícito, firme y decidido" a la iniciativa de quienes se arriesgan para crear riqueza y empleo.
"Sin empresas no se va a salir del paro estructural en Andalucía, donde hacen falta 300.000 empresas más", ha sentenciado Herrero, quien ha defendido las subvenciones que reciben éstas y los sindicatos, unas ayudas que no serían necesarias si existiera un "entorno favorable" a la actividad productiva.
Preguntado sobre la implicación de empresarios en algunos de los casos de corrupción, el dirigente de la patronal ha dicho que es "difícil separar la línea de la corrupción de la de la extorsión" y ha revelado que muchos empresarios le han "trasladado sentirse extorsionados por la corrupción".
Herrero, que ha reconocido que hay una "enorme" economía sumergida en Andalucía, de la que ha dicho que "se combate con inspecciones", ha defendido, por otra parte, una bajada de los impuestos, al considerar que la subida perjudica a la competitividad de las empresas, limita el consumo ciudadano y resta atractivo a la economía española para la inversión.
También ha considerado "imprescindible" una reducción de los costes de funcionamiento de las administraciones públicas, no sólo evitando que crezca el gasto administrativo, sino "adelgazando" la Administración.
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