Lima.- El empresario dominicano Fortunato Canaán llegó hoy a Lima para ser interrogado por una juez anticorrupción peruano que investiga la supuesta concesión ilegal de lotes para la exploración petrolera a la empresa noruega Discover Petroleum.
Canáan se presentó hoy de manera sorpresiva en el despacho del juez anticorrupción Jorge Barreta, que ya lo había citado sin obtener respuesta en tres ocasiones anteriores, por lo que había advertido que podía dictar una orden de captura internacional. EFE/Archivo
Canáan se presentó hoy de manera sorpresiva en el despacho del juez anticorrupción Jorge Barreta, que ya lo había citado sin obtener respuesta en tres ocasiones anteriores, por lo que había advertido que podía dictar una orden de captura internacional.
Fuentes judiciales citadas por medios locales señalaron que Canaán sólo ofreció información general en su declaración de hoy, ya que la ausencia de varios de los involucrados en el caso obligó a Barreto a citarlo para mañana.
El portal en Internet del diario El Comercio indicó que tras el interrogatorio el empresario probablemente será confrontado con el ex ministro Rómulo León Alegría, preso por sus presuntos vínculos en la entrega ilegal de los lotes petroleros.
En este caso ya han sido interrogados por la justicia peruana el empresario mexicano Mario Díaz Lugo y el presidente de Discover Petroleum, Jostein Kjerstad.
Cuando se hizo pública la denuncia del fraude en la licitación de los lotes Canaán admitió haber contratado a León Alegría como asesor, pero remarcó que su vínculo culminó por desavenencias personales.
El empresario dominicano dijo que exploró la posibilidad de invertir en el Perú, pero negó haber tenido participación en la licitación irregular.
Pese a ello, la Fiscalía Anticorrupción peruana lo incluyó en una denuncia por la presunta comisión del delito de asociación ilícita para delinquir.
El caso de Discover Petroleum se destapó el 5 de octubre del año pasado con la aparición en medios locales de una serie de conversaciones telefónicas entre los protagonistas del escándalo, que fueron realizadas ilegalmente por la empresa Bussines Track (BTR).
Esta empresa, propiedad de oficiales activos y en retiro de la Marina de Guerra de Perú, quienes están actualmente en prisión, es investigada por espionaje telefónico a autoridades y empresarios.
El caso Discover provocó la caída del gabinete de ministros que presidía el oficialista Jorge del Castillo, ante la aparente vinculación de varios de los funcionarios de entonces con el caso.
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