Barcelona.- Los grupos de la oposición del Parlament han acogido hoy con recelo el anteproyecto de la Ley del Cine de Cataluña, especialmente por su capítulo de sanciones, pero las formaciones que apoyan al gobierno catalán han subrayado la necesidad de corregir una situación de desigualdad.
El anteproyecto de Ley del Cine de Cataluña, que ya ha sido elaborado por el gobierno de la Generalitat, prevé que la mitad de los filmes doblados o subtitulados con más de dieciséis copias deberán distribuirse en versión catalana, con la finalidad de garantizar que se puedan ver películas en esta lengua y corregir la "anomalía" que suponía que hasta ahora no se pudiera hacer.
Para hacer efectivo este derecho, la ley contempla sanciones de 4.000 a 75.000 euros, si no se distribuyen la mitad de las copias en versión catalana por parte de las empresas distribuidoras.
CiU ha considerado, a través de su portavoz en el Parlament, Oriol Pujol, que la nueva ley puede ser "un brindis al sol" y que el departamento de Cultura y su conseller, Joan Manuel Tresserres, "no han calibrado bien" la "magnitud" de las dificultades que comporta legislar en esta materia y, en este sentido, ha reconocido que los intentos hechos por su formación en el pasado "no fueron exitosos".
Sobre el régimen sancionador, Oriol Pujol ha dicho desconocer si se trata de un capítulo con sanciones específicas o bien son las que ya figuran en la vigente Ley de Política Lingüística, si bien CiU cree que "esto no debería ser el núcleo duro", y que habría que pensar más en incentivar que no en multar.
Pujol ha reconocido, sin embargo, que "todas las leyes han de tener un régimen sancionador para poder ser aplicadas", se ha preguntado hasta qué punto la ley es asumida por el PSC, y ha concluido que CiU la mirará "con buenos ojos pero sin olvidar al resto de actores" que hay en el sector.
Por parte del PSC, su portavoz adjunto, Joan Ferran, ha valorado "muy positivamente" el anteproyecto y ha asegurado que la ley "será un instrumento muy útil y dará muchas oportunidades a la industria cinematográfica", porque "sin entrar en contradicción con 'las majors', garantiza a los ciudadanos "poder elegir la lengua" en la que desean ver los filmes.
La portavoz parlamentaria de ERC, Anna Simó, se ha felicitado, por su parte, de que "después de 30 años de autogobierno por fin se quiera corregir una situación de desigualdad y una anomalía en la oferta de cine en catalán".
"Esperemos que pueda llegar al Parlament como muy tarde en enero del 2010, a fin de poderla aprobar antes de que finalice la legislatura", ha explicado Simó antes de recordar que los datos disponibles indican que a más oferta de cine en catalán crece también la demanda.
Dolors Camats, de ICV-EUiA, se ha expresado en sentido análogo, y además de desear que la ley "pueda generar muchos consensos", se ha mostrado convencida de que servirá para "impulsar la industria del cine catalán", y también para que los ciudadanos dispongan de más películas en catalán.
En cambio, desde el PPC y desde Ciutadans, sus respectivos portavoces han hecho una valoración negativa del anteproyecto de ley, y Dolors Montserrat (PPC) ha dicho que "no es una buena forma de fomentar el catalán", porque "es una ley intervencionista" que antepone las sanciones a las medidas incentivadoras.
Albert Rivera, de C's, ha dicho que la ley será "una estocada de muerte" contra la industria del cine, ha opinado que el PSC apoya "una política más dura" en esta materia que la que impulsó en su día CiU y, además, ha considerado que el gobierno catalán apuesta por "un monolingüismo absoluto" a favor del catalán.
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