Málaga.- El policía local que ha sido imputado en la investigación judicial relacionada con el urbanismo en la localidad malagueña de Almogía ha sido puesto en libertad con cargos tras declarar ante la Guardia Civil.
Vista de la fachada de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, por donde han empezado a pasar una veintena de imputados en la operación por presuntas irregularidades urbanísticas en la localidad malagueña de Almogía.
Un portavoz del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil ha informado hoy a los periodistas de que el agente ha aportado su testimonio tras ser conducido en un vehículo a la Comandancia del instituto armado en Málaga.
Durante el interrogatorio, el policía ha estado acompañado de su abogado, que no ha podido conocer en profundidad los extremos de la denuncia al estar secretas las actuaciones desde el pasado junio, han apuntado a Efe fuentes próximas al caso.
Entre otras cuestiones, se le ha preguntado si ha podido utilizar su cargo para agilizar expedientes municipales, y si conoce la causa por la que no se han demolido algunas construcciones ilegales sobre suelo no urbanizable.
Tras finalizar la declaración, el agente ha firmado el atestado y se le ha puesto en libertad con cargos al considerar que no hay riesgo de fuga ni de que destruya pruebas.
Esta tarde está previsto que el instituto armado continúe con otras declaraciones de ediles y funcionarios, aunque el número dependerá del ritmo de las comparecencias.
En estas primeras declaraciones las preguntas se orientarán a averiguar el motivo por el que no se habían cumplido los expedientes sancionadores -que en algunos casos ordenaban demoliciones o paralizar las construcciones llevadas a cabo en suelo rústico-, así como a determinar cómo se regía el importe de las multas.
La Guardia Civil intenta dirimir si ediles y funcionarios municipales en Almogía han cometido los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad y alteración del precio de las cosas.
En la operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga, han sido imputadas una veintena de personas, más de las previstas inicialmente tras un primer examen de la documentación incautada en el registro de las dependencias municipales, que ayer se prolongó durante doce horas.
La investigación judicial se inició a principios de este año, aunque transcurrieron varios meses hasta que intervino la Fiscalía de Medio Ambiente, tras lo que se declararon secretas las actuaciones.
El alcalde de Almogía, el socialista Cristóbal Torreblanca, comunicó ayer a la dirección del partido en Málaga que, si es imputado, renunciará a su cargo, en el que lleva 26 años, así como a su acta de concejal, y que se dará de baja en el PSOE.
En los últimos seis años, el Ayuntamiento de Almogía ha incoado 283 expedientes de disciplina urbanística por construir en suelo no urbanizable, la mayoría relativos a viviendas y chalés edificados en el campo y a la conversión de casas de aperos en viviendas, según ha recordado el portavoz local de IU, Diego Aranda.
Almogía, con 4.300 habitantes y situado a 23 kilómetros de la capital malagueña por carretera, está gobernado por los socialistas, que tiene ocho ediles, mientras que IU tiene dos y el PP, uno.
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