La oposición cuestiona el "momento" en que la Suprema Corte se definió sobre Caducidad

Montevideo.-  La diputada uruguaya Adriana Peña, ex presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur, criticó hoy el "momento" en que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay declaró inconstitucional la Ley de Caducidad en un caso concreto, a cinco días de las elecciones.

ampliar foto

(EFE)

"La Corte tiene todo el derecho de fallar en cualquier momento, pero tan cerca de las elecciones y con un plebiscito de por medio me parece que el elegido no fue el más feliz", afirmó la diputada uruguaya Adriana Peña. EFE/Archivo

"La Corte tiene todo el derecho de fallar en cualquier momento, pero tan cerca de las elecciones y con un plebiscito de por medio me parece que el elegido no fue el más feliz", afirmó Peña a Efe.

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, con cuatro votos a favor y uno en contra, fallaron el lunes que la ley es "inconstitucional" en el caso de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, asesinada en 1974 durante la dictadura que gobernó en Uruguay entre 1973 y 1985.

"Para mí, la justicia es palabra santa y sus fallos se acatan siempre, pero me parece que se mezclaron aspectos políticos en la decisión de la Suprema Corte", agregó la diputada del Partido Nacional o "Blanco", el principal de la oposición.

Los ministros justificaron su decisión en que la Ley de Caducidad viola la separación de poderes debido a que los jueces están obligados a consultar al Poder Ejecutivo sobre los casos contenidos o fuera de dicha ley y es el Gobierno, en definitiva, quien tiene la última palabra.

Los gobiernos que siguieron a la recuperación de la democracia, tanto los del Partido Colorado como los del Partido Nacional, aplicaron de manera amplia la ley y no prosperaron las denuncias contra militares y policías implicados en violaciones a los derechos humanos.

Con la llegada al poder, el 1 de marzo de 2005, del presidente Tabaré Vázquez (socialista), primero de izquierda en la historia de Uruguay, varias denuncias recibieron "luz verde" y ocho militares y policías fueron juzgados y encarcelados, entre ellos el ex dictador Gregorio "Goyo" Álvarez.

La ley no ampara a civiles, y por ello el ex presidente democrático devenido en dictador Juan María Bordaberry y su ex canciller, Juan Carlos Blanco, también fueron procesados y encarcelados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura

La Ley de Caducidad fue aprobada por el Parlamento en 1986, tras el retorno a la democracia, y refrendada por la ciudadanía en las urnas en 1989.

El próximo domingo, de manera simultánea a las elecciones, se realizará un segundo plebiscito impulsado por la principal central de trabajadores del país, Plenario Intersindical-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT); organizaciones defensoras de los derechos humanos y la gobernante coalición de izquierda Frente Amplio.

"Si el Frente Amplio hubiera querido anular la ley tiene en el Parlamento los votos necesarios (mayoría) para hacerlo, pero sabe que hay un coste político por pagar y por eso no se metió en ese tema, que ni siquiera ha sido de los principales en la campaña electoral", agregó Peña.

El Partido Nacional "dejó en libertad de acción" a sus votantes sobre el tema del plebiscito, aunque la mayoría "no va a votar para que se anule la ley", agregó la legisladora.

Según las últimas encuestas, aproximadamente el 48 por ciento de los uruguayos está a favor de anular la ley, pero se necesita superar el 50 por ciento de los votos emitidos para que la anulación sea aprobada.