PSOE e IU piden al PP que deje de decir a los ayuntamientos lo que deben hacer

Oviedo.-  El PSOE e IU han emplazado hoy al PP a dejar de "erigirse" en defensor de los ayuntamientos y "decir lo que tienen que hacer" las instituciones locales en relación con el Plan A de financiación de obras municipales en 2010, cuyos criterios de reparto fueron respaldados por la Federación Asturiana de Concejos.

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(EFE)

El portavoz de IU-BA-Los Verdes, Jesús Iglesias (i, arriba), acompañado de miembros de su grupo y del PSOE, que votaron conjuntamente, en la votación del Plan A de financiación de obras municipales en 2010, cuyos criterios de reparto fueron respaldados por la Federación Asturiana de Concejos, durante la Junta General del Principado.

Los grupos que sustentan al Gobierno se han pronunciado así durante el debate en el pleno de la Junta General del Principado de una moción del PP relativa a esta iniciativa, que prevé movilizar inversiones por importe de 111 millones de euros y generar 3.500 empleos, que ha sido rechazada con el voto en contra de PSOE e IU.

Para el portavoz del PP, Joaquín Aréstegui, el denominado Plan A no busca "ayudar" ni "auxiliar" a los ayuntamientos en un momento de dificultad económica sino que es "un Plan B del Gobierno" para "echarse una mano a sí mismo" de cara a las elecciones municipales y autonómicas previstas para mayo de 2011.

"No se trasladan recursos a los ayuntamientos para que hagan obras sino que el Gobierno lo hace todo, pone el dinero en sus presupuestos y licita las obras", ha afirmado el diputado del PP, que ha negado además que el plan se negociase con la Federación Asturiana de Concejos "con la que no se ha contado para nada".

A su juicio, el Gobierno se limitó a "poner sobre la mesa" el documento y ha incidido en la necesidad de que la administración autonómica transfiera los fondos de las obras a financiar a los presupuestos municipales y que los propios ayuntamientos sean los que elijan los proyectos a ejecutar.

Para Aréstegui, para que el Plan A "sea cierto", los cien millones de euros que tiene previsto aportar el Gobierno deberían tener "carácter adicional" ya que, de lo contrario, será "el mismo presupuesto con otros nombres" y le ha augurado un "fracaso" similar al de las medidas anticrisis puestas en marcha por el Ejecutivo.

La diputada socialista y secretaria de Política Municipal de la FSA-PSOE, Adriana Lastra, ha subrayado que el Gobierno sí negoció con los ayuntamientos los criterios de reparto como lo demuestra el hecho de que modificó su postura inicial de que los municipios de entre 2.500 y 5.000 habitantes tuvieran que hacer aportaciones.

Para Lastra, en la tercera ocasión en que el PP ha trasladado a la Cámara esta cuestión ha modificado ligeramente su propuesta "y ya no pide que el criterio de población sea el único" a la hora de repartir los fondos, lo que ha atribuido a la "vergüenza" que sentirían los dirigentes de este partido al intentar defender su postura inicial en los concejos situados en las alas de la región.

"A los alcaldes, incluso a los del PP, les 'mola' el Plan A y ustedes deberían dejar de erigirse en defensores de quien no necesita defensa y ponerse primero de acuerdo a nivel interno", ha advertido al portavoz popular.

Para el portavoz de IU-BA-Los Verdes, Jesús Iglesias, a su homólogo del PP había que reconocerle "el valor" de acudir "por tercera vez" a la Cámara para "enredar" con un tema en el que "nadie" les respalda dado el apoyo mostrado por los ayuntamientos.

Según Iglesias, la moción del PP únicamente responde a "su desconfianza y sus prejuicios" y ha considerado que "decir a los ayuntamientos lo que tienen que hacer" y advertirles de que aquello que ven adecuado "no lo es" pueda calificarse de "despotismo ilustrado".

No obstante, el portavoz de IU-BA-LV sí ha coincidido con el portavoz del PP en reclamar el carácter adicional que deben tener los fondos incluidos en el Plan A y que esta circunstancia debe reflejarse con claridad en el presupuesto del Principado para 2010.

El documento establece una discriminación positiva hacia los municipios con más dificultades de forma que el 70 por ciento de los fondos se destinarán a los 72 concejos de menos de 40.000 habitantes ya que el criterio de población, que es el que más peso tiene, está matizado por otros, como la superficie de los concejos, el número de núcleos de población o la tasa de desempleo.