Beltrán (AI) dice que las acusaciones contra ex miembros de Batasuna detenidos deben ser "claras"

Vitoria.-  El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, ha advertido hoy de que las acusaciones que se formulen contra los detenidos por tratar de reconstituir la ilegalizada Batasuna deben ser "claras" y atenerse a los "principios de legalidad".

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(EFE)

El director de Amnistía Internacional (AI) en España, Esteban Beltrán. EFE/Archivo

Beltrán ha comparecido en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco para explicar el Informe Anual de organización, y el denominado "España, detención en régimen de incomunicación: lo que los ojos no ven", ambos ya hechos públicos.

Tras explicar el contenido de ambos informes, ha respondido a preguntas de los grupos, algunas de ellas relacionadas con la Ley de Partidos y con las últimas detenciones de diez personas por tratar de recomponer la mesa de la ilegalizada Batasuna.

Beltran ha precisado que desconoce el auto que ha dado pie a estos arrestos, y ha dejado claro que, "si el juez tiene elementos para perseguir y decretar la prisión provisional deben estar basados en cuestiones muy fundamentadas y argumentadas".

No obstante, ha dicho que AI quiere "alertar" de que, "según el principio de legalidad, debe estar muy clara la acusación contra estas personas". A su juicio, para formular acusaciones, debe determinarse "que se ha cometido un acto delictivo de forma individual, y que claramente existe una vinculación con acciones delictivas".

Beltran ha indicado que AI plantea estas advertencias porque mantiene "cierta precaución" en torno a la "ambigüedad" de algunos artículos del código penal, entre los que ha citado el 576, en el que establece como delito "llevar a cabo, recabar, o facilitar cualquier acto de colaboración con las actividades, o la finalidad de una banda armada, organización, o grupo terrorista".

Ha opinado que este artículo es "muy ambiguo" porque, "se podría aplicar a personas que piden la independencia", al tiempo que ha pedido que también se "elimine la ambigüedad de determinados artículos de la Ley de Partidos".

Beltrán también ha hecho hincapié en condenar a ETA y en pedir su cese y ha asegurado que su organización es consciente de que muchos parlamentarios vascos "viven bajo la amenaza de ETA".

El responsable de AI en España ha vuelto a reclamar en el Parlamento Vasco el fin de la incomunicación a los detenidos por delitos de terrorismo, tras asegurar que los casos de malos tratos a arrestados "no son sistemáticos, pero tampoco aislados", y que las investigaciones sobre éstos "no son sistemáticas, independientes, prontas y exhaustivas".

Ha señalado que la abolición de la incomunicación permitiría, no sólo evitar las torturas, sino también que los detenidos puedan formular denuncias "falsas" de malos tratos contra los funcionarios policiales.

Mientras permanezca la incomunicación, ha abogado por aumentar las "garantías" a los detenidos, con la colocación de cámaras y la grabación en audio de los interrogatorios. Las cámaras ya se instalan en comisarías del País Vasco y de Cataluña.

Ha considerado que el régimen de incomunicación en España es el "más restrictivo de toda Europa" y ha manifestado que todos los organismos internacionales relacionados con los derechos humanos han pedido el fin de la incomunicación en el Estado.

Además, Beltrán también se ha referido a los ataques de los piratas somalís, para denunciar que se destina "un enorme flujo de dinero para detener la piratería en Somalia, pero no para parar la venta de armas (en ese país).

Desde los grupos parlamentarios, Nerea Antia (PNV), Mikel Basabe (Aralar) y Mikel Arana (EB), han recordado que sus grupos han defendido en el Parlamento Vasco la derogación de la incomunicación a través de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero que esta iniciativa no ha prosperado por el rechazo de PP y PSE-EE.

En este sentido, Mikel Unzalu (PSE-EE) se ha posicionado a favor de mantener la incomunicación, pero de modo que se "profundicen en las garantías".

Carlos Urquijo (PP) también se ha mostrado en contra de derogar la incomunicación y de acuerdo con aumentar las garantías, aunque ha dicho que, "si algún funcionario tuviera voluntad de infringir malos tratos o torturas por muchas garantías que se pongan se van a producir, porque siempre hay espacios a los que no se puede llegar cuando se detiene a una persona".