Madrid.- El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha sancionado a nueve asociaciones del sector de la alimentación con más de 1,3 millones de euros por realizar recomendaciones colectivas para llevar a cabo incrementos de precios, ha indicado en un comunicado.
Competencia ha sancionado a nueve asociaciones del sector de la alimentación con más de 1,3 millones de euros por realizar recomendaciones colectivas para llevar a cabo incrementos de precios. EFE/Archivo
La sanción más elevada se ha impuesto a la Federación de Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), por un importe de medio millón de euros, mientras que el resto oscila desde 270.000 euros impuestos a Ceopan a 15.000 euros con que se ha multado a la Asociación de Fabricantes de Harinas y Sémolas de España.
La FIAB ha indicado en un comunicado que estudiará presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, por entender que la resolución emitida ayer por el Consejo de la CNC y que hoy le ha notificado, podría vulnerar, entre otros, el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de comunicación.
Además, ha considerado que la decisión de la CNC es "contraria a derecho y lesiva a los intereses asociativos" y ha destacado que la organización mantiene un "estricto respeto al marco legal, y dentro de él a la ordenación en defensa de la libre y justa competencia".
Con esta decisión, el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia resuelve el expediente instruido por la Dirección de Investigación contra varias asociaciones empresariales del sector de la alimentación, y concluye que éstas son "responsables de una estrategia de recomendación colectiva prohibida" por la Ley de Defensa de la Competencia.
La CNC ha detallado que este expediente tiene su origen en diversas notas de prensa que en los meses de julio, agosto y septiembre de 2007 publicaron varias asociaciones del sector supuestamente con el fin de alertar a la opinión pública sobre el incremento del coste de determinadas materias primas.
Ha precisado que en todas ellas se cuantificaban dichas subidas, se subrayaba su carácter estructural y se expresaba de forma más o menos explícita la idea de que todo ello iba a tener un impacto sobre el precio final de los alimentos.
Ha destacado que varias de estas asociaciones estaban gestionadas por una misma entidad, Bonmacor Gestión de Asociaciones, y que en vista de ello la Dirección de Investigación realizó una inspección en esta entidad, así como en la sede de la Confederación Española de Organizaciones de Panadería (Ceopan).
Ha añadido que la información obtenida en estas inspecciones llevó a incoar un expediente sancionador contra nueve asociaciones del sector y que la instrucción realizada por la Dirección de Investigación revela que estas asociaciones llevaron a cabo una estrategia de comunicación e intercambio de información entre ellas para la elaboración y difusión de notas de prensa.
Las sanciones afectan, además de a las citadas FIAB y Ceopan, a la Federación Española de Asociaciones del Dulce (FEAD) con 300.000 euros, y penalizan con 45.000 euros cada una a la Asociación Española de Fabricantes de Helados (AEFH), a la Asociación Española de Fabricantes de Chocolates y Derivados del Cacao (CHOCAO) y a la Asociación Española de Panificación y Pastelería de Marca (PPM).
La multa es de 52.000 euros para la Asociación Española de Fabricantes de Pastas Alimenticias (Aefpa), de 37.000 euros para la Asociación Española de Fabricantes de Salsas y Condimentos Preparados (AEFSyCP) y de 15.000 euros para la Asociación de Fabricantes de Harinas y Sémolas de España (AFHSE).
El pasado 1 de octubre la CNC sancionó a las asociaciones profesionales Propollo y Inprovo con multas de 200.000 y 100.000 euros, respectivamente, por realizar recomendaciones desde las propias asociaciones para llevar a cabo subidas de precios.
Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha emitido un comunicado en el que indica que "se felicita por las sanciones impuestas y se reserva el derecho de presentar acciones judiciales para resarcir los daños y perjuicios sufridos por los consumidores como consecuencia de estas prácticas".
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