La Junta modificará la ley de garantías para mejorar el sistema de acceso

Toledo.-  La Junta pretende aprovechar la nueva ley de derechos y garantías de los ciudadanos con respecto a la salud para reformar la ley de garantías sanitarias y "simplificar" el sistema de acceso y que el paciente pueda recurrir a ella desde que concierte la cita médica.

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(EFE)

El consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata. EFE/Archivo

El consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata, ha avanzado este cambio para "perfeccionar" la ley "más avanzada de España y de Europa en estos momentos" en un debate parlamentario solicitado por el PP sobre las listas de espera sanitarias.

Lamata ha incidido en el "gran esfuerzo" realizado en la reducción de listas de espera desde que se asumieron las competencias en el año 2002 y ha ofrecido datos: de 157.900 pacientes que había entonces esperando se ha pasado a 84.000, y ello pese a que la población ha crecido un 15 por ciento y la demanda de servicios un 25 por ciento.

El tiempo de espera medio para intervenciones quirúrgicas ha pasado de 180 días a 49, para consultas externas de 250 a 37,8 y para las pruebas diagnósticas, lo que no estaba cuantificado en 2002, la media ahora es de 23 días.

Lamata ha subrayado que todos esos tiempos están por debajo de la media nacional, cuando antes de que la Junta asumiera las competencias era justo al contrario, lo que ha atribuido al aumento del personal en un 50 por ciento, con 5.800 profesionales más, incremento que es del 77 por ciento (1.543 más) en el caso de los médicos.

Los otros factores expuestos por el consejero son la incorporación de nueva tecnología, la creación del "mejor sistema de información de España" tanto interna como externa, la ampliación de las jornadas de trabajo, y, sobre todo, la ley de garantías, que fue utilizada el año pasado por 10.103 castellanomanchegos.

Dicha ley establece que el paciente podrá acudir a la medicina privada cuando el tiempo de espera sea superior a siete días en el caso de las pruebas diagnósticas, quince en las consultas programadas y noventa en las intervenciones quirúrgicas.

El paciente sólo puede beneficiarse de la actual ley de garantías a partir de momento en el que se supera el límite de espera establecido, por lo que la Junta quiere reformar la norma para que el usuario pueda utilizarla desde el primer momento si se le da una cita médica para una fecha que quede fuera del plazo legal.

La portavoz del PP en esta materia, Carmen Casero, ha denunciado que la Junta lleva tres años sin comparecer en las Cortes para informar de forma minuciosa sobre el estado de las listas de espera, algo a lo que le obliga la ley, y se ha preguntado si lo hace para ocultar "su fracaso" en la gestión de las listas de espera.

Casero se ha quejado de la existencia de "listas de espera escandalosas" en determinadas especialidades (entre las que ha citado Oftalmología en Toledo), ha apuntado que en la región hay listas de espera en atención primaria, algo que no ocurre en ningún otro lugar de España, y ha recordado que en Madrid se realizan 287 consultas diarias a pacientes de Castilla-La Mancha y las listas de espera son inferiores.

A su juicio, todo ello responde a una gestión "desastrosa" y a un problema de falta de médicos, pues, según el PP, Castilla-La Mancha tiene la peor ratio de facultativos por 100.000 habitantes de España.

De hecho, ha planteado que "quizá" la Junta se "ha cargado" a Juan Alfonso Ruiz Molina como director gerente del SESCAM por reconocer ese déficit.

El portavoz socialista Jesús Fernández Vaquero ha recordado a Casero que las listas de espera en Madrid comienzan tras la visita al anestesista, por lo que en la región no habría nadie en lista de espera si se aplicara ese método.

Por su parte, el consejero ha atribuido al PP una concepción "liberal" de la sanidad, lo que se traduce en una apuesta por la medicina privada en detrimento de la pública, justo lo contrario -ha dicho- de lo que ocurre en Castilla-La Mancha.