Guatemala.- Los miembros de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala juraron hoy sus cargos para un período de cinco años al final de un polémico proceso de elección de magistrados, algunos de ellos tachados de no idóneos por organizaciones civiles y la comunidad internacional.
Los trece nuevos magistrados del Supremo asumieron hoy sus cargos con el compromiso de hacer transparente y agilizar la aplicación de la ley en el país.
El magistrado Luis Arturo Archila, en nombre del resto de jueces, dijo que asumían los cargos con la responsabilidad de ser transparentes, objetivos, independientes y eficaces en la aplicación de la justicia.
El presidente del Parlamento, Roberto Alejos, les tomó juramento en una sesión solemne en el Congreso a la que asistió el vicepresidente del Gobierno, Rafael Espada.
La elección de los componentes de la CSJ por parte del Parlamento en la madrugada del pasado 1 de octubre provocó un desgaste político en el Poder Legislativo del país, por incluir inicialmente entre los trece magistrados, a seis que eran rechazados por su supuesta falta de idoneidad para dirigir el sistema de justicia.
La inclusión de jueces señalados de carecer de transparencia desató en el seno del Congreso una de las mayores presiones de los últimos tiempos para corregir su decisión, aunque al final sólo tres de los elegidos fueron sustituidos.
Los abogados Thelma Aldana, Dimas Bonilla y Mynor Franco, los jueces considerados sin honorabilidad, estarán ahora bajo la fiscalización de la sociedad civil, que vigilará su desempeño durante los próximos cinco años.
Con la toma de posesión de la nueva CSJ, que será presidida durante el periodo 2009-2010 por Érick Álvarez, se puso fin a la polémica elección y se abrió un nuevo capítulo en la historia judicial de Guatemala.
El sistema de justicia ha sido fuertemente criticado por varios representantes de la sociedad civil y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que durante la elección de los magistrados denunciaron la influencia de algunos sectores políticos para procurar impunidad.
La activista humanitaria Carmen Aída Ibarra, de la Fundación Myrna Mack, que lucha por el combate contra la impunidad en Guatemala, advirtió en declaraciones a la prensa que la inclusión de jueces no idóneos es un mal augurio para la administración de justicia durante los próximos cinco años.
Además, las organizaciones sociales que rechazaron a los jueces sin transparencia sostienen que hubo "negociación bajo la mesa" para incluirlos en la nueva Corte pese a no cumplir con los requisitos éticos necesarios.
El titular de la Cicig, el jurista español Carlos Castresana, vinculó a los jueces con un "grupo paralelo" que buscaba el control de las cortes y que según él, está dirigido por el abogado y empresario guatemalteco Roberto López, quien negó los señalamientos en su contra y denunció ser un "chivo expiatorio" de la Cicig, organismo auspiciado por las Naciones Unidas desde 2007.
Castresana había advertido de que la inclusión de sólo uno de los jueces "tachados" como inadecuados sería perjudicial para la aplicación de la justicia en el país.
Los magistrados que asumieron hoy sus cargos tienen por delante la responsabilidad de poner fin a la impunidad en la que queda el 98 por ciento de los crímenes que se cometen en Guatemala, de acuerdo con las investigaciones de la Cicig.
Archila aseguró que la aplicación de la justicia no compete sólo a la CSJ sino que juegan un papel importante la policía, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, la Procuraduría General de la Nación y la Procuraduría de Derechos Humanos, entre otros.
"Se hace imperativo buscar los mecanismos de cooperación para la obtención de resultados que beneficien a la justicia", apuntó el magistrado.
Además de Archila, Aldana, Bonilla y Franco, los otros nueve jueces que asumieron hoy son Erick Álvarez, César Barrientos, Erwin Gómez, Héctor Maldonado, Gustavo Mendizábal, Gabriel Medrano, Luis Pineda, José Sierra y Rogelio Zarceño.
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