El PP estima que el Gobierno ahorraría 200 millones con su Plan de Austeridad

Santander.-  El PP estima en más de 200 millones de euros el ahorro que el Gobierno de Cantabria conseguiría si aplica el Plan de Austeridad que plantean los populares y que incluye reducir altos cargos y gastos corrientes no productivos y eliminar las subdirecciones generales y las sociedades duplicadas.

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(EFE)

El presidente del PP en Cantabria, Ignacio Diego, tras una entrevista.

El presidente del PP de Cantabria, Ignacio Diego, ha presentado hoy en rueda de prensa las líneas generales de este Plan de Austeridad y ha explicado que los más de 200 millones de euros que se obtendrían con su aplicación se deberían destinar a la mejora de las prestaciones sociales y a aumentar las inversiones productivas.

Diego ha afirmado que el cálculo realizado por el PP es "prudente y sensato" y, por ello, ha confiado en que el próximo martes, día 13, los grupos regionalista y socialista en el Parlamento de Cantabria aprueben la proposición no de ley que ha registrado su partido para instar al Gobierno a aplicar este Plan de Austeridad.

El líder de los populares cántabros ha reiterado que esta proposición debe ser aprobada, ante el pleno, por "una sola razón, el interés general".

Porque ha asegurado que la aplicación de este plan, en "un breve plazo", permitiría mantener la calidad y la eficiencia de los recursos públicos de Cantabria en la actual situación de crisis económica.

El plan incluye la reducción de los gastos corrientes no productivos, cuyo incremento en las últimos dos legislaturas es "un disparate y habla del despilfarro" del Gobierno PRC-PSOE, en opinión de Diego.

El presidente del PP ha señalado que desde 2003, los gastos corrientes no productivos se han incrementado en 148 millones de euros, al pasar de los 199 que destinó el Gobierno PP-PRC en su último año de gestión a los 347 que dedica el Ejecutivo de regionalistas y socialistas.

En relación a estos gastos, Ignacio Diego ha recordado el último informe del Fondo Monetario Internacional, que señala, ha dicho, que una medida efectiva para la crisis es la reducción de estos gastos y no la subida de impuestos.

Pero ha afirmado que de estos gastos corrientes no se deben reducir los que se destinan a prestaciones o servicios sociales.

Dentro de este Plan de Austeridad, el PP recoge, como ha explicado Diego, la eliminación de todas las sociedades, empresas y organismos públicos que estén llevando a cabo una actividad que ya era gestionada por la Administración regional, es decir, que dupliquen las materias.

El líder popular ha considerado que el actual Gobierno ha creado una "maraña de organizaciones" cuando las funciones que llevan a cabo ya eran ejercidas por la Administración regional, y ha recordado las recomendaciones de reducir este tipo de sociedades que ha solicitado el Consejo Económico y Social de Cantabria.

Además, ha afirmado que todas estas empresas públicas "escapan al control Parlamentario", en concreto en lo que se refiere a los procesos de contratación que llevan a cabo.

Diego, como recoge el Plan de Austeridad, ha abogado también por reducir los altos cargos de la Administración regional y las personas elegidas a través del proceso de libre designación, porque ha afirmado que en este caso se ha producido "un derroche, un despilfarro y una mala gestión de personal" por parte del Gobierno.

El presidente del PP ha dicho que en los últimos seis años el gasto en personal de libre designación y altos cargos se ha incrementado un 220 por ciento, mientras que el número de estas personas de confianza ha aumentado un 30 por ciento desde que el PRC y PSOE gestionan la Administración regional.

Y, también en este sentido, el PP plantea en su plan la eliminación "o al menos reducción" de las subdirecciones generales, creadas por el Gobierno PRC-PSOE "a espaldas de la Mesa General de Función Pública", ha señalado Ignacio Diego.

El líder popular ha opinado que eliminar estas subdirecciones generales no va a suponer "una merma apreciable en la gestión" y "sí un ahorro", aunque ha indicado que no habría que quitar a los responsables que no hayan consolidado sus derechos económicos.