Madrid.- Comisiones Obreras ha enviado una ejecutoria al juzgado competente para que dicte órdenes de busca, captura e ingreso en prisión contra los cuatro condenados por un accidente laboral mortal ocurrido en 2001 en Madrid, al no tener constancia de que éstos hayan presentado alegaciones.
Imagen del accidente laboral en el edificio del número 21 de la calle Ezequiel González de Segovia, donde un trabajador de la construcción falleció el 3 de octubre pasado. EFE/Archivo
Los arquitectos Emilio Antonio Rodríguez Castell y Pablo Queraltó Gómez, el empresario Jacinto Calvente Crespo, de CMAQ, y el coordinador de Seguridad Juan Ángel Baigorri debían comparecer hoy ante el Juzgado de Ejecutorias número 7 de Madrid para que se decidiera sobre su ingreso en prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores, después de que el Consejo de Ministros les negase el indulto como responsables de un accidente laboral ocurrido en 2001.
En él murieron dos trabajadores cuando desmontaban un andamio, y por ambas muertes la Audiencia Provincial de Madrid condenó en 2006 a seis personas a dos años, seis meses y un día de cárcel y a otros tantos de inhabilitación, aunque finalmente se dictó ingreso en prisión solo para cuatro.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha informado hoy de que los abogados han presentado alegaciones, basadas en la elevada edad y la salud precaria de sus patrocinados, y el magistrado ha trasladado las mismas al Ministerio Fiscal, que deberá pronunciarse, de manera que hasta ese momento queda en suspenso la ejecución de la sentencia.
El responsable de los Servicios Jurídicos de CCOO de Madrid, Antonio García, ha explicado que la acusación popular no ha tenido conocimiento de la presentación de alegaciones, sino únicamente de que los condenados no han acudido al juzgado, por lo que esta tarde han enviado una ejecutoria solicitando que se dicten las correspondientes órdenes de búsqueda, captura e ingreso en prisión.
El sindicato considera que "no existe obstáculo para que la sentencia se cumpla", ya que "no se ha producido resolución alguna que modifique la anterior".
En la ejecutoria se especifica que Pablo Queraltó es el único que presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, pero no consta "que nadie haya acordado la suspensión de la condena" que le obligaba a ingresar en prisión.
Comisiones Obreras ha destacado que este caso supone la primera orden de ingreso en prisión en Madrid para una persona considerada responsable de un accidente laboral, y una de las pocas dictadas en España por el momento.
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