Muguruza dice desconocer que la construcción de San Pelayo fuera ilegal

Castro Urdiales.-  El alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, ha asegurado hoy ante el juez Luis Acayro Sánchez desconocer la ilegalidad de la urbanización "San Pelayo" de Santullán, promovida por Sacyr Vallehermoso, y haberse limitado sólo a seguir los informes de los técnicos y jurídicos municipales.

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(EFE)

El alcalde de Castro Urdiales (Cantabria), Fernando Muguruza. EFE/Archivo

Muguruza ha acudido hoy al Juzgado número 2 de la ciudad a declarar como imputado en delitos de prevaricación urbanística, malversación y falsedad documental por las licencias que permitieron construir las 46 viviendas de "San Pelayo" que, según ha dicho, se concedieron "con todos los informes favorables de los técnicos municipales".

Ha señalado que "no corresponde" a los representantes políticos ejercer funciones técnicas y ha señalado que, ni aun teniendo conocimiento sobre estos aspectos -"muy limitados" en su caso, como el "100 por 100 de los políticos españoles"-, podría sustituir a los informes de los funcionarios municipales.

Según el magistrado, las supuestas irregularidades de la urbanización radican en que esta promoción invadía unos 3.000 metros cuadrados de suelo rústico propiedad de la Junta Vecinal de Santullán y también en el hecho de que las viviendas se levantaran sobre una zona de protección de la autovía A-8 sin autorización de la Dirección General de Carreteras.

En su declaración, que ha durado cuatro horas y media -de 10.30 horas a 15.00 horas, con dos recesos- ha dicho que no recuerda que el alcalde pedáneo de Santullán, Julián Revuelta -que fue quien presentó la denuncia por la que se abrió este causa- le advirtiera a través de un burofax de la invasión de un camino de su propiedad.

Además, ha asegurado que lo que pudiera decir, o lo que dice, el pedáneo tiene "poca relevancia" para él y "no lo tiene en consideración si los servicios técnicos tienen una opinión diferente".

También ha señalado que "no le consta" haber visto ninguna advertencia de la Dirección General de Carreteras sobre "San Pelayo", advertencia que, en si ha existido, ha sido remitida, como procede, a los servicios técnicos y jurídicos y no a él, a quien no corresponde analizarla.

Muguruza no ha contestado a las preguntas del magistrado sobre si sabía que el camino invadido por la urbanización pertenecía a la Junta Vecinal de Santullán y tampoco ha aclarado por qué se excluyó a ésta de la tramitación urbanística de la promoción siendo la propietaria de los terrenos sobre los que se iba a construir.

También ha señalado que "no cree" que se concedieran licencias de ocupación antes de cumplirse todos los requisitos que prevé la ley, como son haber recibido previamente la urbanización, haber cobrado los aprovechamientos urbanísticos, haber recibido las cesiones de suelo obligatorias o la obligación de que toda la infraestructura básica necesaria estuviera construida.

Además, el regidor municipal ha dicho no saber por qué las cesiones obligatorias no están inscritas en el Registro de la Propiedad ni en el Inventario de Bienes Municipales y ha asegurado desconocer las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que afectaban a La Loma.

En el transcurso de la declaración ha insistido en que "no es competencia suya" comprobar que se cumplan los pasos administrativos previstos por la legislación urbanística, algo para lo que, a su juicio, están los técnicos municipales.

Ha dicho que nunca entra a valorar o a calificar los informes que realizan estos funcionarios municipales, ya que supone que son "correctos" y ha señalado que inmiscuirse en asuntos técnicos y querer saber de todos los asuntos sería una "osadía" por su parte.

El alcalde sí ha reconocido conocer los problemas de suministro y abastecimiento de agua de la zona y, por ello, ha justificado la construcción del depósito de La Loma, sobre el que, según ha dicho, hay informes "contradictorios" de los técnicos municipales respectó a quién debe sufragar los gastos, si los promotores o el Ayuntamiento.

Ha señalado que, tras estos informes, "no le ha quedado claro" -según consta en la copia de su declaración- a quién corresponde la obligatoriedad de construir el depósito y, por ello, ha justificado que en los presupuestos de 2009 el Ayuntamiento reservara una partida para sufragar su ejecución, si finalmente procede.

Muguruza ha añadido que en todo este asunto "nadie le hizo constar ninguna ilegalidad" y ha señalado que no hay ninguna irregularidad "manifiesta", sino que éstas se quieren ver "donde no las hay".

El alcalde también ha negado haber cobrado cantidad alguna por parte de promotores o intermediarios, ni tener conocimiento de que otros concejales o técnicos lo hayan hecho, por realizar estas tramitaciones.

En la vista de hoy, el juez ha preguntado a Muguruza si los "grandes beneficiarios" de la tramitación de estos planes parciales en la zona -en el que hay cuatro sectores afectados- han sido los que promovieron que se realizase antes del POL, generando unas plusvalías superiores a los 15 millones de euros.