Bruselas.- La Comisión Europea (CE) ha pedido hoy formalmente a España que cumpla una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 2008, en la que confirmaba que no otorgaba un tiempo obligatorio de espera entre la concesión de un contrato público y su conclusión.
Un momento de un sorteo público, organizado hoy por el Ayuntamiento de Gandia y el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), de 120 inmuebles. EFE/Archivo
El Ejecutivo comunitario señala en un comunicado que España no ha tomado las medidas necesarias para "cumplir totalmente" con la sentencia de la Corte europea.
En abril de 2008, el Tribunal de la UE le dio la razón a la Comisión Europea en cuanto a que España no había logrado imponer un periodo obligatorio para que la autoridad que oferta un contrato pueda notificar la decisión de su adjudicación a todos los candidatos no elegidos.
De esa manera, España no proporcionaba un periodo obligado de espera entre la concesión del contrato y su conclusión, incumpliendo así la normativa comunitaria.
La Comisión recuerda que, según las autoridades españolas, su nuevo sistema de recursos en el ámbito de la contratación pública, vigente desde el 1 de mayo de 2008 por la Ley de contratos en el sector público de 2007, "cumple totalmente" con los requisitos de la directiva europea.
En cambio, Bruselas discrepa y considera que ese nuevo sistema de remedios no garantiza realmente la existencia de un periodo de espera entre la concesión y la conclusión del contrato.
En opinión de la CE, ese tiempo podría proporcionar a los candidatos los "elementos necesarios" para poner en marcha de manera eficaz procedimientos de revisión ante un organismo independiente, "en un momento en que cualquier infracción aún puede ser remediada".
En total, la Comisión calcula que la contratación pública en la UE (compras de bienes, servicios y obras públicas) representa un 16 por ciento de su producto interior bruto.
Para Bruselas, unas convocatorias públicas de concursos "abiertas y transparentes", requeridas por la ley europea sobre contratación pública, significan "más competencia, salvaguardas más fuertes contra la corrupción y un mejor servicio y utilización del dinero de los contribuyentes".
Bajo el Tratado de la UE, la Comisión tiene el poder para emprender una acción legal o procedimientos de infracción contra un estado miembro que no respete sus obligaciones.
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