Mérida.- El Pleno de la Asamblea ha aprobado hoy, por unanimidad, el proyecto de Ley del Estatuto de los Extremeños en el Exterior, que promoverá la participación de los emigrantes en la vida social, económica y política de la región e impulsará medidas para facilitar su regreso, algo que se plantearán realizar unos 300.000 de ellos en la próxima década.
La vicepresidenta Primera y Portavoz, Dolores Pallero. EFE/Archivo
El texto ha superado hoy el debate de totalidad y prosigue su tramitación parlamentaria, que derivará en un Estatuto que regulará la promoción, la coordinación y el fortalecimiento de las relaciones de la Comunidad Autónoma, su sociedad civil y sus instituciones con las personas y colectivos extremeños en el exterior.
Según ha explicado la vicepresidenta primera de la Junta, Dolores Pallero, esta ley dará respuesta a las demandas actuales de los extremeños que viven fuera, teniendo en cuenta que, según un estudio encargado por el Ejecutivo, a lo largo de próxima década cerca de 300.000 extremeños podrían plantearse el retorno.
En este sentido, ha recordado que la emigración representó un "drama de primer orden" para Extremadura, pero hoy representa "una prioridad de primer orden" para una región que necesita ganar población.
Esta ley sustituirá a la de Extremeñidad de 1986, que estableció un primer listado de derecho para este colectivo y ahora amplía, y se concretará con un plan general para los extremeños en el exterior que la Junta prevé aprobar dentro de un año, según Pallero.
A este respecto, ha precisado que el 40 por ciento de los nacidos en Extremadura residen fuera de la región, cuando la media nacional está en el 18 por ciento, aunque una media de más de cinco mil extremeños está regresando cada año a la región.
El Estatuto será de aplicación a los extremeños en el exterior, a las comunidades extremeñas y a sus federaciones, así como a sus miembros, a los extremeños retornados, a los colectivos de emigrantes retornados y a los extremeños en el mundo.
Tendrá como objetivos posibilitar la asistencia, ayuda y protección a este colectivo; contribuir al fortalecimiento de las comunidades extremeñas en el exterior; impulsar medidas que fomenten el regreso a la región; y promover y facilitar su participación en la vida social, cultural, económica y política de Extremadura.
Regulará también los derechos de los extremeños en el exterior, como por ejemplo a acceder a las viviendas protegidas, a compartir la vida social extremeña, a participar en los programas de empleo de la Junta, y a ser informados de las posibilidades de retorno y recibir el asesoramiento correspondiente.
En el caso concreto del retorno a la región, establece que quienes opten por esta medida podrán acceder a prestaciones educativas y sociosanitarias sin necesidad de acreditar un período de residencia previa en Extremadura.
En representación del Grupo Popular, la diputada Leonor Nogales ha aludido también a la "sangría emigratoria" que sufrió la región en la década de los años 60 y 70 y ha valorado la nueva ley por "equiparar a los extremeños que vienen fuera con los mismos derechos y deberes que tenemos los que residimos en Extremadura".
Tras lamentar esta pérdida de capital humano, ha advertido de que los jóvenes extremeños tienen que seguir saliendo de la región por una necesidad laboral y ha deseado que las enmiendas "constructivas" que el PP presentará en su tramitación sean aceptadas.
Por el PSOE-Regionalistas, Estanislao Martín ha destacado que "Extremadura ha pasado de ser una tierra de emigrantes a ser una tierra de acogida", de modo que hoy no se emigra por necesidad, sino "porque los jóvenes se sienten preparados para desenvolverse en un ambiente de competencia", algo en lo que también ha incidido Pallero.
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