La oposición guineana exige la dimisión al jefe de la junta militar para dialogar con los golpistas

Dakar.-  El Foro de las Fuerzas Vivas (FFV) de Guinea, que agrupa a los opositores, exige la dimisión del jefe de la junta militar golpista en el poder, capitán Moussa Dadis Camara, para negociar una salida a la crisis del país, en la que media la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO).

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(EFE)

Fotografía tomada el 3 de marzo pasado del líder de la Junta Militar, capitán Moussa Dadis Camara (i, en primer plano); y al primer ministro guineano, Kabine Komara (d, en primer plano), durante una ceremonia oficial en Conakry, Guinea. EFE/Archivo

Para el FFV, formado por los partidos opositores, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, Camara es el principal responsable de la muerte de 157 personas el pasado 28 septiembre en la represión, por parte de las fuerzas de seguridad, de una concentración opositora en Conakry.

Según emisoras de radio regionales captadas en Dakar, el FFV ha exigido la salida de Camara como condición para asistir a la reunión convocada en Uagadugu por el presidente de Burkina Faso, Blaise Compaoré, que ejerce de mediador de la CEDEAO en la crisis guineana.

Tras una reunión celebrada el martes para examinar la propuesta de Compaoré, la oposición a la junta exigió también, en un comunicado difundido hoy, la disolución de la junta militar y la creación de un órgano de transición encargado de formar un Gobierno de unidad nacional.

Las fuerzas que encabezan la oposición a la junta reclaman también la detención de todos los responsables de la masacre del 28 de septiembre, en la que murieron 157 personas y unas 1.200 resultaron heridas en la represión, a las que se unieron otras tres muertas al día siguiente en Conakry.

Acusan también a las fuerzas de seguridad de cometer "actos de barbarie" contra los manifestantes, incluidas violaciones de mujeres, lo que califican de "crímenes contra la humanidad", por lo que piden que los responsables sean juzgados por el Tribunal Penal Internacional.

La oposición, que ha exigido la creación de una comisión internacional de investigación para deslindar responsabilidades en la represión policial, afirma que, además de Cámara, otro de los principales responsables de la represión fue su ayudante de campo, Toumba Diakite.

Además, exigen la restitución de los restos mortales de las víctimas de la represión a sus familiares, la puesta en libertad de los detenidos y la garantía de la seguridad de la población civil, amenazada con más actos violentos por los militares.

Los militares han afirmado que los muertos fueron 56 y que la mayoría fallecieron aplastados en una desbandada en el estado "28 de Septiembre" de Conakry, donde, en esa misma fecha, se celebraba la concentración de decenas de miles de opositores cuando fueron atacados por las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, organismos internacionales han confirmado que los muertos fueron más de 150 y fuentes de los hospitales de Conakry señalaron que los militares retiraron muchos cadáveres de los depósitos de esos centros y los enterrados en fosas comunes cavadas en algunos cuarteles.

Tras todo esto, la oposición ha solicitado el envío de una fuerza internacional, que considera la mejor garantía de protección para la población contra los abusos de las fuerzas de seguridad y militares, responsables, según dice, de la muerte de un millar de civiles en la represión en los últimos diez años.

Compaoré, que visitó Conakry el pasado lunes, invitó a las partes implicadas en la crisis a trasladarse a Uagadugu para entablar un diálogo político susceptible de salvar el proceso de transición, amenazado por la actual situación.

La junta militar que encabeza Cámara ocupó el poder en un golpe de estado el pasado 23 de diciembre, tras la muerte del presidente del país, Lansana Conte, y tras diversas vicisitudes había convocado elecciones para enero próximo.

Sin embargo, Camara, que había asegurado que no se presentaría a los comicios, maniobra ahora para ser candidato a la Presidencia, lo que no aceptan los partidos políticos, que exigen la retirada de los militares del proceso político.