MADRID.- La protesta no está reconocida legalmente ni contará con servicios mínimos ya que, como ha recordado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) esta semana, el ejercicio del derecho de huelga por parte de los magistrados "carece, en el momento actual, de soporte normativo".
La protesta no está reconocida legalmente ni contará con servicios mínimos ya que, como ha recordado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) esta semana, el ejercicio del derecho de huelga por parte de los magistrados "carece, en el momento actual, de soporte normativo".
La APM, de tendencia conservadora y mayoritaria en la carrera judicial, impulsa el paro al considerar que el Plan Estratégico de Modernización de la Justicia impulsado por el ministro, Francisco Caamaño, es "un fogonazo" que no asegura "la culminación de la reforma" de los tribunales españoles. Por ello, reclama "un verdadero Pacto de Estado que alivie "la desesperación ciudadana y judicial" que, a su modo ver, provocó el actual proceso reivindicativo.
INVERSIÓN PRESUPUESTARIA
El Ministerio, por su parte, esgrime que "a pesar del contexto económico desfavorable y de la contención del gasto público", las partidas dedicadas a Justicia experimentarán en 2010 un crecimiento del 13,77 por ciento, hasta alcanzar los 1.804,82 millones de euros.
De hecho, el Plan de Modernización supondrá una inversión de 600 millones de euros en tres años, según sus datos.
De la convocatoria se han desmarcado el resto de asociaciones de la carrera judicial --Francisco de Vitoria (FV), Jueces para la Democracia (JpD) y Foro Judicial Independiente (FJI)--, que han apostado por continuar con la vía de negociación abierta por el Ministerio.
Los principales partidos también rechazan la protesta. Así, mientras que el PSOE ve en el paro una "irresponsabilidad manifesta" que podría responder a cuestiones "internas" de la APM, el PP considera la convocatoria "inoportuna" y solicita a los jueces que reconozcan el "esfuerzo" que han hecho el Gobierno y el Congreso para atender a sus reivindicaciones.
JUNTAS DE TODA ESPAÑA
Además de la APM, han apoyado la convocatoria de huelga las Juntas de Jueces y Asambleas de Magistrados de Galicia, la Comunidad Valenciana y Murcia, la práctica totalidad de las de las capitales andaluzas y las de otras ciudades como Ciudad Real, Toledo, Santander o Ibiza.
Sin embargo, la Junta de Jueces de Madrid se descolgó el lunes de la convocatoria con un comunicado en el que apeló a la "unidad de acción" de las asociaciones judiciales y emplazó al CGPJ a impulsar el proceso de mejora de la Justicia española.
La huelga, previsiblemente, tampoco será secundada de forma mayoritaria en Cataluña, ya que entre los magistrados de Barcelona ni siquiera existió el quorum necesario para convocar una asamblea en la que adoptar una posición frente al paro.
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