Madrid/Sevilla.- Los ayuntamientos españoles deben cerca de 33.000 millones de euros a los proveedores de materiales de construcción, de los que 3.684 millones corresponden a corporaciones andaluzas, lo que ha llevado a estas pequeñas empresas a convocar una manifestación el próximo 22 de octubre.
Los ayuntamientos españoles deben cerca de 33.000 millones de euros a los proveedores de materiales de construcción, de los que 3.684 millones corresponden a corporaciones andaluzas, lo que ha llevado a estas pequeñas empresas a convocar una manifestación el próximo 22 de octubre. EFE/Archivo
El vicepresidente de la Asociación de Impagados de la Construcción (Aepic), Jose María Carrasco, explicó hoy que también las comunidades autónomas les debían entre 12.000 y 18.000 millones de euros a 31 de marzo, por lo que han convocado la protesta, con la que pretenden dar a conocer la asfixia financiera que les provoca estas deudas.
No obstante, la mayoría de las deudas que soportan estos profesionales y promotores proviene de los consistorios municipales, entre los que destacan los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid (7.822 millones), de la Comunidad Valenciana (2.532 millones), Andalucía (3.864 millones) y Cataluña (4.049 millones).
Carrasco recordó que estos datos van en línea con la morosidad total que asciende a 200.000 millones de euros, que aumentan mensualmente en 10.000 millones.
Por ello, más de 5.000 trabajadores del sector se manifestarán desde la madrileña Plaza de Atocha hasta el Congreso de los Diputados, donde serán recibidos por los grupos parlamentarios, a quienes presentarán sus peticiones para paliar el "drama humano" que soportan estos autónomos "sobre sus propias casas y bienes".
El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, detalló que piensan pedir reformas normativas para que las empresas no se vean obligadas a pagar el IVA por sus servicios antes de tener la factura.
También quieren que se modifique la Ley Concursal para que los concursos de acreedores no tarden más de un año en resolverse.
Asimismo, reivindicarán que se aplique la ley para que administraciones públicas y empresas paguen por los servicios en el plazo estipulado de 60 días.
Amor también reprochó al Ministerio de Economía que la línea del ICO de avales de 3.000 millones para frenar la morosidad de las corporaciones locales con autónomos y pymes "ha sido un fracaso", ya que tan sólo el 5% de los ayuntamientos españoles se han acogido a ella.
"Una de cada cuatro microempresas en España se ha visto obligada a cerrar y no se ha puesto remedio", dijo el presidente de ATA.
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