Valladolid.- La Junta de Castilla y León carece de las competencias pertinentes para revestir de autoridad pública a sus agentes medioambientales, con el fin de crear un servicio público de investigación de incendios forestales que contribuya a su prevención, como ha pedido hoy en las Cortes el Grupo Socialista.
Imagen de un agente forestal. EFE/Archivo
Con ese argumento, expuesto por el parlamentario del Grupo Popular José Antonio de Miguel, el PP ha rechazado una propuesta de resolución defendida por la procuradora socialista Yolanda Vázquez, quien ha denunciado la "deriva de privatización sin freno" en que a su juicio se ha convertido la administración autonómica.
Vázquez ha lamentado que se encuentre "en manos privadas" la investigación de los incendios forestales cuando dispone de agentes medioambientales capacitados para ello, con el consiguiente ahorro de dinero que se produciría en caso de que fuesen éstos quienes asumiesen la labor ahora encomendada a la empresa Eural.
Para el Grupo Socialista, estos agentes son unos "profesionales determinantes" a la hora de averiguar las causas de los fuegos y de contribuir, en la medida de lo posible, a su prevención.
"Sólo ellos pueden realizar una primera investigación crucial con la recogida de pruebas materiales, de evidencias y de información o testimonios", ha añadido la procuradora del PSOE al defender su propuesta de resolución.
Para De Miguel (PP), esa iniciativa parlamentaria demuestra en su opinión la "poca confianza" que tiene en la Delegación del Gobierno y en el Seprona de la Guardia Civil, "como para pedir ahora que sean los agentes medioambientales quienes ejerzan funciones que corresponden a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".
Las competencias para el esclarecimiento de delitos corresponde a esas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "que mal dirigen sus compañeros de partido (PSOE), ya que seguramente las estén empleando en otros menesteres", ha dejado caer De Miguel.
El representante del Grupo popular ha recordado que a los agentes forestales les cumple la obligación de informar de los hechos y denunciar, si procede, ante sus superiores en la delegación territorial afectada por cualquier incidente, y a ésta incoar un expediente administrativo y dar parte a la autoridad pertinente si existiera "indicio de responsabilidad penal o civil".
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